En conferencia de prensa, Flores señaló que el país registra bajo crecimiento económico, elevado endeudamiento y un deterioro de sectores como la agricultura, la salud y la educación.
Subrayó el líder del FMLN que el aumento del costo de la vida se refleja en el alza de los precios de los alimentos, servicios básicos, combustibles y los medicamentos, elementos que constituyen una de las principales preocupaciones de la población.
A juicio de Flores, tras siete años, el actual Gobierno incumplió promesas relacionadas con la transparencia, reducción de privilegios de funcionarios y la generación de empleo, al tiempo que pidió investigaciones sobre el incremento patrimonial de algunos servidores públicos.
En opinión de Flores, en materia de seguridad el Gobierno de El Salvador tiene una calificación de siete sobre diez. La criminalidad se redujo y hay mayor percepción de tranquilidad entre la población, sin embargo, persisten desafíos vinculados a la violencia intrafamiliar, los feminicidios, la prevención social y el combate a la corrupción.
Al referirse a la educación el dirigente del FMLN asignó una nota de seis y destacó que la continuidad de algunos programas sociales implementados en administraciones anteriores.
Pero cuestionó el cierre de centros escolares, la reducción de la matrícula estudiantil y la falta de cumplimiento de metas anunciadas para la modernización de la infraestructura educativa.
Similar puntuación otorgó al turismo y reconocer los esfuerzos de promoción internacional del país, en cambio consideró que los beneficios económicos se concentran en sectores específicos y no alcanzan de forma equitativa a pequeños y medianos empresarios.
En el ámbito sanitario Flores asignó una calificación de cuatro sobre diez y criticó la escasez de especialistas, las dificultades para acceder a medicamentos y la prolongación de los tiempos de espera para consultas y tratamientos.
Flores sostuvo que continuará su ejercicio de oposición “constructiva y responsable” y reiteró su disposición de respaldar iniciativas orientadas al combate de la corrupción y al fortalecimiento de las instituciones públicas.
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