La legisladora aseguró ante la prensa que de esa forma expresa su solidaridad con la población afectada por la tensión social y el desabastecimiento.
Crispín inició la huelga el 27 de mayo junto al diputado Rodolfo García en la sede de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con el argumento de que con esa medida de fuerza exigía soluciones inmediatas al conflicto entre el Gobierno y movimientos sociales, que afecta sobre todo a La Paz y al occidente del país.
Este miércoles, también los secundan en esa forma de protesta los legisladores Víctor Huaranca, Patricia Patiño y Sonia Siñani.
Desde que hace 33 días la Central Obrera Boliviana (COB) llamó a exigir en marchas y bloqueos la renuncia del jefe de Estado Paz, convergen en este tipo de medidas de presión los participantes en la Marcha por la Vida procedentes de Oruro, afines al expresidente Evo Morales; integrantes de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto; mineros, campesinos Ponchos Rojos; trabajadores fabriles, maestros, gremiales y transportistas.
Tal situación provoca un panorama crítico en varias regiones tras el cierre de las vías durante más de un mes, lo cual impide el acceso a combustibles, oxígeno para hospitales, alimentos, insumos médicos y medicamentos.
Principalmente en La Paz y El Alto es muy notoria la escasez de estos productos, y lo poco que se vende duplicó o triplicó su precio ante la desesperación de la población, que reclama soluciones.
Frente a esta realidad, Crispín criticó la falta de resultados en los intentos de diálogo entre el Gobierno y los movilizados, impulsado por la Vicepresidencia del Estado, la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo.
A pocas cuadras de la ALP, en la sede de la Defensoría del Pueblo, iniciaron similar medida extrema hace 12 días las amas de casa Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca, quienes se sostienen solo mediante la masticación de hojas de coca.
Entrevistada por Prensa Latina, Huanca criticó la derogación de la Ley 1341, la cual cerraba el paso a la impunidad de policías y militares en la represión durante la protesta social.
La huelguista explicó a esta agencia de noticias que la Ley 1341 nació de un informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que hubo masacres tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019 en Senkata, Sacaba y Huayllani, con saldo de 37 muertes.
Afirmó que las tres consideran que al abrogar la 1341 se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos.
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