La titular del gobierno de la provincia donde se encuentra la capital ecuatoriana, Paola Pabón, acudirá este miércoles a la Corte Constitucional a solicitar la impugnación de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Esa medida, aprobada por la Asamblea Nacional en febrero pasado, modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).

La reforma establece que los GAD (municipios y prefecturas) deberán destinar al menos el 65 por ciento de su presupuesto a inversión en obras a partir de 2025, porcentaje que subirá al 68 por ciento en 2027 y al 70 por ciento en 2028.

Autoridades locales advirtieron que el nuevo esquema no reconoce el costo del personal técnico y operativo que participa en la ejecución de proyectos, lo que afecta la ejecución de proyectos sociales y culturales.

En marzo pasado Pabón pidió a la Corte Constitucional emitir medidas cautelares para suspender la aplicación de la norma impulsada por el Ejecutivo, sin embargo, hasta ahora no existe un pronunciamiento del organismo.

La asambleísta Mariana Yumbay, de Pachakutik, señaló que la reforma al Cootad es la ley con más demandas ante la máxima instancia judicial, aunque, en total, suman más de 100 las solicitudes de diferentes sectores para anular medidas aprobadas por el actual Parlamento, con mayoría oficialista.

En opinión de Yumbay, esa situación evidencia una falta de control previo de constitucionalidad y de convencionalidad durante el trámite legislativo.

Afirmó que en los debates, principalmente en la ley sobre los GAD, sí hubo advertencias sobre posibles vulneraciones a derechos, principios y garantías constitucionales que no fueron tomadas en cuenta por la mayoría legislativa al momento de votar los proyectos.

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