En un comunicado al que tuvo acceso Prensa Latina, el Movimiento Sociedad Civil alerta que ese proyecto otorga, primero, más ventajas a los inversores extranjeros que a los empresarios locales y, más grave aún, convertirá al país en un laboratorio global sin regulación para las compañías Big Tech y la propalación del uso descontrolado de la Inteligencia Artificial.
Luego de candente debate la Cámara de Diputados sancionó el anteproyecto del Súper Rigi entrada la madrugada del jueves por 130 votos a favor, 106 negativos y siete abstenciones para beneplácito de la Casa Rosada. Ahora le toca al Senado debatirlo.
Las organizaciones que integran la sociedad civil señalan que el Súper Rigi convierte al caso argentino en una novedad jurídica de impacto internacional.
Es un esquema de «impunidad artificial» que se combinaría con la reforma de la Ley General de Sociedades, la cual reconoce a entidades operadas íntegramente por IA como personas jurídicas de responsabilidad limitada. Este es un experimento legal sin precedentes en el derecho corporativo global.
El principal foco de alarma para las organizaciones radica en el impacto ambiental y el uso desmedido de bienes comunes estratégicos que demanda esta industria a nivel mundial.
Los grandes centros de cómputos (data-centers) -cuya instalación en la Patagonia promueve el gobierno libertario de Milei- orientados a la inteligencia artificial requieren enormes cantidades de energía y de agua para el enfriamiento de sus sistemas, refiere el documento.
El proyecto garantiza –agrega- la operación continuada de estos complejos por 30 años, lo que forzará al Estado a priorizar el abastecimiento hídrico y energético de las corporaciones tecnológicas por sobre las necesidades locales, avanzando sobre ecosistemas fundamentales y biodiversidad en zonas que ya sufren estrés hídrico, quitándoles autonomía a las provincias.
Las organizaciones previenen sobre la profunda paradoja que plantea el proyecto: mientras que a nivel internacional los países centrales discuten regulaciones estrictas para las “Big Tech”, e incluso los propios directivos del sector solicitan auditorías de seguridad obligatorias, la propuesta de la Casa Rosada elimina por completo los controles por 30 años.
Ante este escenario, referentes clave de la sociedad civil expusieron sus críticas: Micaela Sánchez Malcolm, del grupo Géneras denunció el proyecto como un “un cheque en blanco que garantiza impunidad fiscal, energética y legal”.
En tanto, Matías Bianchi, de Asuntos del Sur; Victoria Lichtschein, de Fundación Biodiversidad, y Federico Pellegrino, Latam Lab, coincidieron en que Argentina se convertiría en un laboratorio que “ofrece recursos sin pedir nada a cambio”, incentivando inversiones corporativas que desprotegen el medio ambiente y consolidan una “entrega de la soberanía nacional”.
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