La decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que suspendió por nueve meses a Amigo, impactó directamente a la Revolución Ciudadana (RC).

La principal fuerza de oposición en el país iba a inscribir sus candidaturas para los comicios locales del venidero 29 de noviembre bajo el amparo de Amigo luego de que el propio movimiento correísta fuera suspendido desde el mes de marzo.

Pese a la decisión, la presidenta de la RC, Gabriela Rivadeneira, afirmó que su partido cuenta con alianzas alternativas y que sus representantes participarán en la contienda electoral.

Ante ese panorama, el movimiento Reto afirmó en un comunicado que «Ecuador es una dictadura» y sostuvo que la resolución del TCE constituye el más reciente episodio de una serie de decisiones que, a su juicio, evidencian el deterioro del régimen democrático.

La organización enumeró entre esos hechos la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; la cancelación de los derechos políticos del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora; la suspensión de la RC y el adelanto de las elecciones seccionales, previstas inicialmente para febrero de 2027.

Por su parte, el director nacional de Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, calificó la resolución del TCE sobre Amigo de «totalmente antidemocrática» y llamó a defender el derecho de participación política frente a lo que describió como abusos del poder.

En la misma línea, Natasha Rojas, también dirigente de Unidad Popular, señaló que en Ecuador «no hay democracia», rechazó las acciones que buscan impedir la inscripción de candidaturas de la RC y advirtió que, de persistir esa situación, la movilización ciudadana será la única alternativa.

El abogado y analista Mauro Andino también sostuvo que el país vive «en dictadura» y acusó al TCE de responder a intereses del Gobierno.

La docente y experta en comunicación política Caroline Ávila lamentó que las recientes decisiones judiciales y administrativas limiten la capacidad de los ciudadanos para elegir entre todas las opciones políticas y advirtió que un proceso electoral con candidaturas excluidas podría derivar en inestabilidad e ilegitimidad institucional.

Las reacciones también trascendieron las fronteras ecuatorianas y el Grupo de Puebla denunció un patrón sistemático para excluir a la principal fuerza opositora de las elecciones seccionales y llamó a organizaciones progresistas y democráticas del mundo a rechazar lo que calificó como un «asalto a la democracia ecuatoriana».

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