Según los reportes, las empresas piden que la justicia estadounidense reconozca y ejecute el fallo emitido por un tribunal arbitral de La Haya, y ordene el pago de 216,19 millones de dólares, monto que incluye la indemnización fijada en noviembre de 2025, más intereses, costos y honorarios legales.

En febrero pasado, la Procuraduría General de Ecuador comunicó que el tribunal de La Haya aceptó parcialmente un recurso para corregir errores de cálculo en el laudo, lo que redujo la indemnización en 5,7 millones de dólares y fijó la obligación de pago en aproximadamente 215 millones.

El conflicto se remonta a las operaciones petroleras que Texaco desarrolló en la Amazonía ecuatoriana entre 1964 y 1992, lo que conllevó a una demanda ambiental presentada en 2003 por comunidades de Lago Agrio.

Tal proceso culminó con una sentencia de la justicia ecuatoriana que condenó a Chevron —empresa que adquirió Texaco en 2001— al pago de nueve mil 500 millones de dólares por los daños ambientales causados.

En respuesta, la compañía inició en 2009 un arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.

Para 2018, ese tribunal concluyó que la sentencia de Lago Agrio había sido obtenida mediante fraude y corrupción por parte de los demandantes, algo que los afectados niegan.

Hasta el momento, el Estado ecuatoriano no emitió un pronunciamiento sobre la nueva acción presentada por Chevron ante la justicia estadounidense.

Entretanto, el Observatorio de la Dolarización criticó la demanda en el país norteño y señaló que la petrolera pretende ejecutar en territorio estadounidense un laudo favorable mientras continúa sin cumplir la sentencia dictada por tribunales ecuatorianos a favor de las comunidades amazónicas afectadas.

El Observatorio advirtió sobre el riesgo de que la empresa solicite el embargo de activos ecuatorianos en el exterior para garantizar el cobro de la indemnización.

Paralelamente, campesinos e indígenas de la Unión de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt) solicitaron al gobierno de Ecuador que embargue los 215 millones de dólares que tendría que pagar a Chevron y destine ese monto a la reparación ambiental en la Amazonía.

Los afectados plantean que los recursos podrían ir a un sistema regional de agua potable para las provincias de Sucumbíos y Orellana, y a la construcción de un hospital oncológico para atender enfermedades asociadas a la contaminación.

Según datos de la Udapt, la petrolera vertió miles de millones de galones de desechos tóxicos en ríos y suelos y dejó cientos de fosas de crudo sin remediación, afectando la salud y la economía de miles de habitantes.

to/avr