Según publica hoy la agencia de prensa ANSA, el expediente se abrió a partir de la indagación en registros del FBI (Buró Federal de Investigaciones) y del Departamento de Justicia de Estados Unidos relativos al caso de Jeffrey Epstein, el controvertido financista, quien fue acusado de la explotación sexual de decenas de menores.
Italia solicitó hace varios meses a las autoridades estadounidenses documentación relacionada con el caso, incluidos registros que aún no se han hecho públicos.
La averiguación, coordinada por el fiscal adjunto Maurizio Arcuri, se deriva de una denuncia formal presentada el 26 de marzo por la organización Differenza Donna, la cual señala que aparecen «menciones recurrentes de personas italianas”, en los documentos desclasificados sobre el caso.
El alegato indica que en dichos archivos salen a relucir referencias significativas —y no meramente aisladas— a estancias, viajes y vínculos con localidades italianas como Capri, la Costa Amalfitana, la Costa Esmeralda, Milán y Roma.
También “contactos con figuras integradas a importantes círculos económicos y sociales internacionales que podrían haber desempeñado un papel en la red de explotación y violación».
Para Differenza Donna, la apertura de la investigación desde Italia es «un paso importante», porque «si hay hechos que involucran a nuestro país, deben reconstruirse y verificarse rigurosamente, situando en el centro a las mujeres y niñas que puedan estar implicadas, al tiempo que se examina el sistema de influencia económica y política asociado».
No obstante, reconoce que la aparición de un nombre en un documento o la vinculación con Epstein no constituye, por sí misma, prueba de responsabilidad penal, de ahí la necesidad de una investigación rigurosa.
Los archivos de Epstein son un gran conjunto de documentos, fotos y videos del gobierno de Estados Unidos sobre los delitos de tráfico y abuso sexual cometidos por el millonario, quien murió en su celda el 10 de agosto de 2019 a causa de un suicidio oficial por ahorcamiento, mientras esperaba un juicio federal por explotación y tráfico sexual de menores.
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