En un comunicado, el Movimiento Panamá Vale Más Sin Minería, la Mesa Técnica para el Cierre de Minas del Comité Panameño de la UICN y dirigentes comunitarios instaron al Ejecutivo a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2023, que declaró inconstitucional el contrato de concesión minera.

Los ambientalistas cuestionaron además la propuesta de “cierre ordenado y autofinanciable” presentada el 30 de septiembre por una Comisión Interministerial, al considerar que vincula el financiamiento del cierre a una eventual prolongación de las actividades extractivas.

El jurista Carlos Bichet advirtió que esa fórmula podría constituir, a juicio de las organizaciones, una nueva concesión y reclamó una auditoría ambiental integral, así como un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), al estimar que el elaborado en 2011 no refleja las condiciones actuales del área.

Los grupos señalaron que los fallos de la CSJ establecieron obligaciones relacionadas con la protección ambiental, los derechos humanos y la participación pública, por lo que, según sostienen, una eventual reactivación no puede desconocer esos principios ni la legislación que establece la moratoria a la minería metálica.

El biólogo Isaías Ramos, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), reclamó un proceso de cierre que incluya la estabilidad física y química de las instalaciones, el manejo de los residuos y la remediación de los daños ocasionados al Corredor Biológico Mesoamericano.

Advirtió asimismo que una nueva etapa de explotación implicaría mayores instalaciones para el manejo de relaves, generación de desechos y riesgos de drenaje ácido, con posibles efectos sobre el agua, los ecosistemas y las comunidades.

La Resolución de Gabinete 19 del 27 de febrero de 2024 estableció las bases para ejecutar un Plan Ordenado de Cierre Definitivo de Cobre Panamá, mientras la empresa ha manifestado su interés en mantener actividades vinculadas a la extracción y procesamiento del mineral.

Desde las comunidades de Donoso y Omar Torrijos también rechazaron la eventual reactivación. La dirigente campesina Leysi Rodríguez afirmó que las necesidades socioeconómicas de los pobladores no deben utilizarse para justificar un proyecto que, según denunció, representa riesgos para las comunidades.

La activista y exvicealcaldesa Raisa Banfield sostuvo que un cierre efectivo debe priorizar el control, la restauración y la reparación ambiental, además de promover alternativas económicas para las comunidades de la zona.

Las organizaciones insistieron en que cualquier decisión sobre el futuro de la mina debe ajustarse al marco constitucional, la legislación ambiental y las obligaciones de protección de los ecosistemas y los derechos de las poblaciones afectadas.

mem/ga