Esta semana salió a la luz que, desde marzo, recién asumido el poder, el Gobierno de José Antonio Kast otorgó ese beneficio a 56 condenados, 27 por abuso sexual y 29 por violación a niños, niñas y adolescentes.

Los trámites de decretos de rebaja de penas se extendieron hasta septiembre y se ampliaron a detenidos en la prisión de Punta Peuco, responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El cuestionamiento a este procedimiento abarcó a víctimas y sus familiares, políticos, dirigentes sociales e incluso en el Congreso Nacional comenzó a tramitarse una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Fue el mismo titular quien este viernes informó la suspensión de este tipo de trámites, achacó el caso a un “vacío legal” e informó que impulsará cambios en las normativas vigentes.

La posición de Rabat es diametralmente opuesta a la de días anteriores, cuando afirmó que las rebajas de penas eran una obligación respaldada por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Estos hechos provocaron una profunda repulsa en el país donde se elevaron las voces de protesta contra los beneficios a culpables de delitos graves que afectaron a menores de 14 años.

Karla Rubilar, quien fue Ministra Secretaria General del Gobierno y titular de Desarrollo Social y Familia durante la segunda administración de Sebastián Piñera (2018-2022), criticó la actuación de La Moneda.

La antigua funcionaria se refirió a la naturaleza de los delitos involucrados, su impacto en las familias afectadas y el choque que la eventual liberación de los culpables tendría en las víctimas.

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