La petición de arresto domiciliario abarcó a Lucia Morselli, expresidenta del Consejo de Administración de Acciaierie d’Italia, Alessandro Labile, exdirector de la planta siderúrgica de Taranto, y Francesco Astorri, responsable de una sección inspectora del Instituto Superior para la Protección y la Investigación Ambiental.
Los tres deberán comparecer el próximo 3 de noviembre ante el juez de instrucción Francesco Maccagnano, en interrogatorios preventivos previos a la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por los fiscales, indicó el diario Il Fatto Quotidiano.
La investigación abarca a 28 personas y cinco sociedades. Además de los arrestos domiciliarios solicitados para los tres directivos, la Fiscalía pidió medidas de inhabilitación para otras 10 personas.
Según la acusación, la gestión de la siderúrgica habría priorizado el aumento de la producción y la maximización de los beneficios económicos en detrimento de la protección ambiental.
Entre las posibles responsabilidades investigadas figuran presuntos delitos contra el medio ambiente durante el período comprendido entre 2019 y 2024, la seguridad y la administración pública.
Para ocho de los investigados se plantea, además, la hipótesis de asociación delictiva orientada a la comisión de esos ilícitos, mientras que entre las imputaciones consideradas figura también la de desastre ambiental.
En el caso de Astorri, los investigadores sospechan que alteró los resultados de las inspecciones ambientales realizadas en las instalaciones para favorecer a la empresa, situación que deberá ser esclarecida durante el procedimiento judicial.
Las solicitudes de medidas cautelares deberán ser evaluadas por el juez competente, por lo que hasta el momento no se ha dispuesto el arresto domiciliario de los tres implicados.
Entretanto, las acusaciones permanecen sujetas a comprobación judicial y los investigados conservan la presunción de inocencia.
El caso se suma a la prolongada crisis de la siderúrgica de Taranto, una de las más importantes de Italia, donde confluyen las controversias sobre el impacto ambiental de la actividad industrial, la continuidad de la producción y la protección del empleo.
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