Según informó el tribunal de justicia transicional, los hechos criminales tuvieron lugar en la subregión los Montes de María, en el norte del país, y se ejecutaron como parte del alineamiento estratégico de miembros de la fuerza pública con estructuras paramilitares y otros actores regionales.

La investigación estableció que la violencia se dirigió especialmente contra comunidades campesinas estigmatizadas como supuestas colaboradoras de las organizaciones insurgentes, y produjo terror colectivo, desplazamientos masivos y vaciamiento territorial.

Determinó asimismo que se cometieron desapariciones forzadas, torturas, amenazas, restricciones graves de la libertad, violencias sexuales y reproductivas y desplazamientos forzados, entre otras conductas que destruyeron las condiciones materiales y comunitarias de existencia.

Se estima que 284 personas fueron asesinadas en las 32 masacres determinadas. En 15 de ellas, se documentaron 107 víctimas de violencias basadas en género y sexuales contra mujeres y niñas.

La atribución realizada en esta etapa procesal no constituye una declaración definitiva de responsabilidad penal.

El paso que procede a continuación es la notificación de la JEP a los once comparecientes imputados, quienes tendrán 15 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad, o controvertir la imputación con argumentos y elementos de prueba.

Si los señalados reconocen su responsabilidad y contribuyen a reconstruir los hechos, la Sala de Reconocimiento de Verdad podrá emitir una Resolución de Conclusiones y remitirla al Tribunal para la Paz, que definirá las sanciones restaurativas, que no implican pena de cárcel.

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