En un encuentro con medios de comunicación, la jefa del ente rector de los comicios explicó que optaron por esa modalidad luego de que en dos ocasiones anteriores el voto telemático tuviera problemas técnicos.

Atamaint indicó que ya están en camino 610 paquetes con las papeletas y otros documentos para garantizar el sufragio de los 429 mil 165 ecuatorianos registrados en el exterior.

Precisó que aquellos que no hicieron el cambio de domicilio antes del 9 de enero o emigraron después de esa fecha, no podrán votar.

Si bien el voto es facultativo para quienes residen fuera del territorio nacional, para aquellos empadronados en el país resulta obligatorio y de no asistir pueden ser multados.

La titular del CNE apuntó que en Nicaragua no se realizará la votación porque al no tener consulado en esa nación no cuentan con la manera de organizar el proceso.

El viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, agregó que 65 oficinas consulares participan en la organización de la consulta y, además, la cancillería estableció una sala de monitoreo para coordinar el funcionamiento de los recintos en el exterior de manera eficiente y transparente.

En relación con el presupuesto para realizar la consulta, estimado en 60 millones de dólares, Atamaint señaló que como el Ministerio de Economía y Finanzas no ha transferido la cuantía necesaria para realizar el proceso, cada institución asume con sus fondos las actividades relacionadas con la cita electoral.

Ejemplificó que el CNE aportó seis millones de dólares para contratar personal y dijo que deberán poner las cuentas en orden para que luego el Gobierno transfiera los recursos.

La campaña para la consulta popular y el referendo, que tiene 11 preguntas en total, arranca oficialmente el 7 de abril y termina el 18 de este mismo mes, de acuerdo con el calendario oficial.

El próximo 21 de abril, los ecuatorianos decidirán, entre otros temas, sobre la participación de los militares en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, la extradición, la posibilidad de instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer arbitrajes internacionales y la implementación de contratos temporales y por horas.

Organizaciones sociales y políticas consideran engañosa e innecesaria esa consulta convocada por el presidente Daniel Noboa.

La propuesta del mandatario ha recibido calificativos de errática, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso.

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