El mandatario dispuso que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúe con el proceso previsto para que los ecuatorianos concurran a las urnas.

En total serán 10 preguntas que deberá responder la ciudadanía, cuatro de ellas implicarían cambios a la Constitución, por lo que se consideran un referendo.

El miembro del CNE José Cabrera adelantó la víspera que el procedimiento consultivo podría realizarse a finales del mes de abril, un proceso que muchos consideran innecesario y costoso para las actuales circunstancias del país.

Las cuatro preguntas que conllevarían modificaciones a la Carta Magna están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de personas ecuatorianas y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.

También buscan aprobar permisos para arbitraje internacional entre el Estado y reclusos, así como la incorporación de contratos laborales por horas y a plazo fijo.

Esas interrogantes se añaden a las otras seis que ya fueron aprobadas y están relacionadas con reformas a leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por las Fuerzas Armadas, tipificación de delitos por tenencia de armas, e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.

La propuesta de Noboa de realizar una consulta popular recibió calificativos de errática e innecesaria, pues abarca asuntos que pueden tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento) sin necesidad de realizar el proceso, el cual costaría alrededor de 60 millones de dólares.

El CNE tiene a partir de ahora 15 días para convocar a la ciudadanía a las urnas y 60 días adicionales para ejecutar las votaciones.

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