Según documentos judiciales, desde febrero de 2024 hasta el 19 de marzo, el sujeto, que hacía gala de su condición de religioso, explotó sexualmente a una menor de 13 años.
El acusado utilizó un teléfono celular y servicios de mensajería instantánea por Internet para persuadir, inducir, seducir y coaccionar a sabiendas a una menor de 13 años para que participara en actividades sexuales, que incluyen la producción de pornografía infantil.
Albino Galindo transportó a la menor para participar en actividades sexuales en varias ocasiones y produjo representaciones visuales de tal conducta.
El acusado también recibió pornografía infantil de la menor y le envió material obsceno. Albino Galindo enfrenta un cargo de coerción y seducción de un menor; otro de transporte de un menor con la intención de participar en una actividad sexual delictiva; un cargo de explotación sexual de niños; otro por recepción de pornografía infantil; un cargo por posesión de pornografía y otro de transferencia de material obsceno a un menor.
El acusado tiene programada su comparecencia inicial ante la corte este viernes ante la jueza federal Giselle López-Soler, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Puerto Rico.
Si es declarado culpable de los cargos de coerción, incitación y transporte de menores para participar en conductas sexuales ilícitas, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua; por explotación sexual de niños se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 15 a 30 años.
Mientras que por posesión de pornografía infantil y transferencia de material obsceno a un menor se enfrenta a hasta 10 años; y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a entre cinco y 20 años de prisión; todos los cargos seguidos de un período de libertad supervisada de no menos de cinco años hasta cadena perpetua.
Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas establecidas y otros factores legales.
El fiscal federal W. Stephen Muldrow, del Distrito de Puerto Rico, y Joseph González, agente especial a cargo de la Oficina de Campo del FBI (Buró Federal de Investigaciones) en San Juan, hicieron el anuncio.
El FBI está investigando el caso con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.
La fiscal federal adjunta Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Inmigración y Explotación Infantil, está procesando el caso.
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