El proceso estaba programado para el 22 de abril en la región fronteriza de Arica, pero las autoridades locales pidieron aplazarlo por la falta de garantías de seguridad.
Los magistrados argumentaron que debido al poder de ese grupo delincuencial podía producirse un ataque contra el tribunal y propiciar la fuga de los acusados a los países vecinos de Bolivia y Perú.
Además, buena parte de los encartados están detenidos en la zona central del país y su traslado hacia el norte se consideró como una operación de alto riesgo.
Ante estas circunstancias el Ministerio Público decidió mantenerlos en sus centros de detención y organizar el juicio por medio de internet, con la presencia física de jueces, acusadores y defensores.
Los Gallegos serán procesados por asociación ilícita, homicidio, tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, porte ilegal de armas y amenazas de muerte a funcionarios de la Policía de Investigaciones y a miembros del Cuerpo de Gendarmería.
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