Según reportes de la Policía Nacional, 14 de las muertes violentas corresponden a crímenes contabilizados en el distrito Nueva Prosperina, en el noroeste de esa urbe, uno de los más violentos durante 2023.
Otras seis personas fueron halladas en una vivienda en el sector La Carbonera’, en esa localidad costera de la provincia de Guayas y de acuerdo con los uniformados, cuatro de los fallecidos serían parte de una banda terrorista que cometía delitos en ese distrito. Los otros dos habrían sido secuestrados.
Los incidentes tienen lugar en medio de operativos militares llevados a cabo por la FIAC, el grupo policial creado para desactivar estructuras delictivas en zonas con mayor índice delictivo en el país.
Este jueves los militares realizaron más de 67 allanamientos en las provincias costeras de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, y El Oro.
De acuerdo con información oficial, las investigaciones y operativos están encaminados a capturar a las bandas de sicarios, que son los brazos armados de los terroristas, pero también buscan frenar asesinatos y el tráfico de armas y drogas. El comandante general de la Policía Nacional, César Zapata, destacó que en esos territorios se intensificará el trabajo de inteligencia.
Sin embargo, pese a la militarización, los actos de violencia no se detienen en esa región del país. Según datos oficiales, los crímenes en esas ciudades tienen a las bandas narcodelictivas que se disputan el territorio de la droga.
Aunque existen críticas a la militarización en el país andino, la mayor parte de los ciudadanos votaron a favor de las preguntas relacionadas con el tema de seguridad en la consulta popular del pasado 21 de abril propuesta por el presidente Daniel Noboa.
De esa forma, el Ejecutivo cuenta con más herramientas legales para que los militares actúen en el combate contra las bandas criminales en todo el territorio nacional.
El pasado 8 de abril, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto que reconoce la persistencia de un conflicto armado interno en el país y dispuso medidas para mantener los operativos contra la inseguridad tras concluir el estado de excepción.
La existencia de un conflicto armado interno aquí está reconocida desde el 9 de enero pasado, cuando el mandatario catalogó como terroristas a 22 bandas del crimen organizado a raíz del ataque armado al canal TC Televisión.
En varias ocasiones expertos en materia de seguridad han advertido que los estados de excepción no son la solución a la violencia, sino que son necesarias otras medidas para resolver la raíz del problema, desigualdad, pobreza, desempleo, falta de oportunidades.
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