La propuesta de normativa se diseñó con el objetivo de proteger las cuencas críticas que abastecen de agua a un millón 300 mil personas en siete municipios de la región y el Área Metropolitana de Bucaramanga, en el nororiente del país.
Según divulgó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, dicha reserva temporal se plantea con una vigencia dos años para adelantar los estudios técnicos y procesos necesarios para tomar decisiones basadas en certeza científica, sobre dónde se puede o no hacer minería protegiendo el ciclo del agua y los servicios ecosistémicos de la región.
La titular de esa cartera, Susana Muhamad, afirmó que la resolución, de carácter temporal, se sustenta en el principio de precaución, con el fin de proteger las cuencas Alto Lebrija y Cáchira Sur, la biodiversidad, la capacidad de regulación hídrica y el ciclo del líquido vital que garantiza la función ecológica y la provisión de agua potable a los acueductos.
“Esta medida no tiene efectos sobre la agricultura, ni en la ganadería, ni en la infraestructura, ni en licencias de construcción que se seguirán haciendo de acuerdo a los usos del suelo que estén definidos en los planes de ordenamiento territorial de los municipios y bajo la vigilancia de las autoridades competentes”, aseguró.
Sin embargo, sí limita la entrega de nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración y explotación u otro tipo de contrato sujeto a regímenes especiales, así como nuevos permisos o licencias ambientales para la exploración o explotación de mineral, con el objetivo de precaver daños irreversibles y controlar procesos de degradación.
La mentada zona de reserva se ubicaría en un área de 75 mil 357 hectáreas en el costado occidental del Macizo de Santurbán, en la jurisdicción de siete municipios de Santander: Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga.
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