Según Rui Costa, la Abogacía General de la Unión (AGU) hizo una interpelación extrajudicial al gigante de la tecnología.
Jorge Messias, ministro de AGU, aseguró que en esta comunicación, se pregunta cómo la empresa va a proteger a niños, adolescentes, mujeres y comerciantes después de la implementación de las mudanzas.
Meta anunció esta semana que eliminará su programa de verificación de datos en Estados Unidos. Mark Zuckerberg, su propietario, justificó el cambio como un movimiento hacia la descentralización del control sobre el contenido.
Joel Kaplan, jefe de asuntos globales de la empresa, argumentó que las anteriores colaboraciones con verificadores de hechos tenían buenas intenciones, pero acabaron «perjudicadas por prejuicios políticos» en la elección y tratamiento de los temas verificados.
«Ahora tenemos una nueva administración y un nuevo presidente (Donald Trump) que son grandes defensores de la libertad de expresión, y eso hace la diferencia», argumentó Kaplan, sugiriendo que el canje refleja un acercamiento a los valores defendidos por la nueva administración norteamericana.
De acuerdo con Messias, la compañía tendrá 72 horas, a partir de la recepción de la notificación, para informar a Brasil sobre qué política de tratamiento de contenidos publicados en las plataformas será adoptada para el país.
Insistió en que aclare categóricamente cómo va a proteger a los niños y adolescentes, mujeres y pequeños comerciantes que utilizan la plataforma como medio de negocio.
Refirió que si Meta no responde a la interpelación en 72 horas, el Gobierno podría tomar medidas judiciales, pero no detalló cuáles.
Interrogado sobre si una alternativa sería suspender las redes de la empresa, el funcionario respondió que «eso no está en discusión en este momento».
Costa, Messias y el ministro Juscelino Filho (Comunicaciones) participaron este viernes en una reunión sobre Meta con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La víspera, Lula calificó de «extremadamente grave» el anuncio hecho por la compañía.
En un post tras el encuentro de este viernes, el mandatario afirmó que «todas las empresas que operan en el país deben respetar la legislación y la jurisdicción brasileña».
También la Fiscalía federal demandó esclarecimientos a Meta sobre la postura que adoptará en relación con el gigante sudamericano.
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