En una rueda de prensa, el canciller se refirió a la decisión anunciada este martes por la presidenta Xiomara Castro de continuar con ese instrumento, denunciado en agosto de 2024 como un potencial instrumento con fines injerencistas, y cuya validez concluía el 28 de febrero.

A tan solo 10 días de su culminación, el gobierno de Castro optó por suspender el proceso de denuncia y dejó en manos de la próxima administración la decisión de mantenerlo o no en el futuro.

Reina explicó que el convenio, con salvaguardas para el país, se mantendrá efectivo hasta el 27 de enero de 2026, cuando debe asumir un nuevo ejecutivo.

Según el jefe de la diplomacia hondureña, este entendimiento sigue la línea de lo expresado por la mandataria de proteger los intereses nacionales.

“En lo único que no estamos de acuerdo es que se utilice (el tratado) para desestabilizar a las Fuerzas Armadas, la forma de Gobierno o el proceso electoral”, detalló el titular de Exteriores, en alusión a los comicios primarios del 9 de marzo y los generales programados para el 30 de noviembre.

Además de la extradición, se lograron importantes acuerdos en varias materias entre representantes de la Casa Blanca y la presidenta Xiomara Castro, en el marco -enfatizó el ministro- de un ambiente respetuoso, pragmático y franco.

La relación con la administración estadounidense es positiva y bajo el esquema del respeto y la no injerencia, remarcó.

Entre esos entendimientos con Washington mencionó el tema migratorio y las deportaciones de connacionales, los convenios militares entre ambas naciones, la revisión de ciertas cláusulas del Tratado de Libre Comercio y las posibilidades de coinversión en el ferrocarril interoceánico.

Insistió en que tienen contactos permanentes y directos con el ejecutivo de Trump, sin perjuicio de los canales adicionales a través de la Cancillería hondureña, el Departamento de Estado, la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa y nuestro embajador en Washington, describió.

Para el canciller, los consensos alcanzados forman parte de una relación mutua que se abre bajo los nuevos criterios de la administración Trump y, naturalmente, las posiciones de la mandataria Castro.

Ratificó la voluntad inquebrantable de la primera mujer presidenta de Honduras de fortalecer la institucionalidad, el estado de derecho y de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, flagelos heredados de la narcodictadura instaurada tras el golpe de Estado de 2009.

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