En rueda de prensa este lunes, Manzano señaló que durante 50 años, Petroecuador ha operado dicho yacimiento sin dar mantenimiento a la infraestructura, con corrosión interna y externa, un sistema contra incendios debajo de las normas internacionales.

Además, dijo que Sacha no ha pasado ciertas auditorías de infraestructura y de riesgos de catástrofes ambientales con más de mil 200 puntos de contaminación.

“Mucho se ha dicho que es la joya de la corona, pero lamento decir que es una joya oxidada y las joyas hay que pulirlas», apuntó Manzano ante los cuestionamientos suscitados en los últimos días, tras filtrarse la decisión de adjudicar Sacha de manera directa y sin concurso.

No obstante, el campo Sacha, ubicado en la provincia amazónica de Orellana, registró el año pasado un incremento del siete por ciento en su producción anual.

La funcionaria afirmó que no es una concesión, es un contrato de delegación a un operador más eficiente, en referencia al consorcio Sinopetrol, conformado por las empresas Petrolia Ecuador y Amodaimi Oil Company S. L., subsidiarias de la canadiense New Stratus Energy y de la estatal china Sinopec, respectivamente.

Enfatizó que «la propiedad del recurso hidrocarburífero es del Estado ecuatoriano» y subrayó que la adjudicación no significa una «privatización del campo, no se vende y no se alquila».

Manzano argumentó que no fue una decisión “a dedo”, ya que el Ministerio de Energía invitó a tres compañías estatales, pero no presentaron propuesta, la única que lo hizo fue Sinopetrol.

También la titular explicó que la concesión no significa firma de contrato y añadió que hay un plazo de 30 días y una serie de condiciones, entre ellas el pago de una prima de mil 500 millones de dólares.

Respecto a ese adelanto, destacó que será un dinero fresco que entrará a las arcas del Estado sin estar comprometido con una deuda y serán destinados a inversiones sociales. La delegación de las operaciones ha sido objeto de críticas por la Asamblea Nacional, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), sindicatos y el movimiento indígena.

Sin embargo, el ministro de Economía Luis Alberto Jaramillo alabó la negociación sobre el campo Sacha por ser “extremadamente conveniente para el país”.

Por su parte, el viceministro de Hidrocarburos Guillermo Ferreira explicó que al final, cuando se paguen los impuestos, la comercialización y el IVA, el Estado podría recibir el 82 por ciento de beneficios, tras liquidar la renta petrolera.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (Antep) calificó la adjudicación como el “mayor atraco petrolero de la época moderna”, porque el Estado perderá ocho mil millones de dólares durante 20 años.

La Antep alertó que New Stratus Energy publicó en su página web que su inversión de capital saldrá del flujo de caja de la operación, o sea, “que pagarán con nuestro propio crudo”.

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