La Fiscalía acusó a 15 miembros de la organización delictiva denominada Los Cachos, por su presunta participación en una serie de acciones violentas ocurridas entre diciembre de 2024 y febrero de 2025 en el Bajo Aguán, zona ubicada en el norteño departamento de Colón.
Según las investigaciones, esta banda está implicada en el desplazamiento forzoso de más de 460 familias campesinas en el Bajo Aguán, foco de un viejo enfrentamiento agrario por la disputa de tierras entre agricultores organizados y grandes terratenientes.
Durante años, el conflicto en esa región del Caribe hondureño resultó en múltiples asesinatos, desalojos y criminalización de líderes campesinos.
A los implicados se les imputan delitos de desplazamiento forzado, privación ilegal de libertad, lesiones agravadas y asociación para delinquir en perjuicio de cooperativas agrarias, testigos protegidos y la Constitución de la República.
Las víctimas, integrantes de la Plataforma Agraria y de la Coordinadora de Organizaciones Campesinas del Aguán, poseen, desde hace tres décadas, títulos de propiedad extendidos por el Instituto Nacional Agrario sobre más de mil 800 hectáreas de tierra.
Pese a contar con ese respaldo legal, estas familias han sido objeto de amenazas de muerte, disparos, secuestros y torturas por parte de Los Cachos, que busca apoderarse de sus terrenos.
A causa del temor infundido por la banda criminal y los constantes enfrentamientos, varios campesinos resultaron heridos, mientras que otros se vieron obligados a huir, abandonar sus viviendas y cultivos, denunció el ente acusador del Estado.
El vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó que es la primera vez que la Fiscalía presenta un requerimiento fiscal por el delito de desplazamiento forzado.
Además, informó de la captura de dos personas, aunque los fiscales no revelaron los nombres de los detenidos.
El conflicto en el Bajo Aguán ha sido un tema recurrente en la agenda de derechos humanos en Honduras, con múltiples denuncias sobre violencia, desalojos forzados y violaciones a los derechos fundamentales de las comunidades campesinas.
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