Según la APIB, que se retiró del proceso por considerarlo ilegítimo e inconstitucional, ese espacio de negociación se instaló sin la debida consulta a los pueblos originarios.

Lo anterior, denunció en su página oficial, «en clara violación del artículo seis del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), desconociendo recursos y denuncias interpuestos a lo largo del tiempo por la organización, reconocida por su legítima representación indígena».

Bajo la justificación de recoger sugerencias y buscar alternativas de «término medio» entre intereses de las comunidades aborígenes y del agronegocio, el gabinete de Mendes extralimitó los límites de su papel de relatoría, «excediendo el alcance de la ley número 14.701/2023 y de los debates realizados en la Comisión Especial», alegó la articulación.

Señaló que la iniciativa de presentar un proyecto de ley proveniente de un ministro del Supremo es, en sí misma, insuficiente.

Además, «el contenido de la propuesta representa graves retrocesos, el llamado interés público relevante de la Unión en estos territorios, y modifica sustancialmente el procedimiento administrativo de demarcación previsto en un decreto», alertó.

Teniendo en cuenta lo anterior, la APIB reafirmó su posición en contra de la continuación de los trabajos de la sala de conciliación del Supremo, considerando que los derechos fundamentales de los pueblos indígenas son innegociables.

Mendes defiende el diálogo y el entendimiento entre los participantes de la junta de conciliación sobre el plazo para la demarcación. Las audiencias se reanudaron esta semana y continuarán hasta el 25 de junio.

Durante la apertura de la sesión, el ministro expresó que la avenencia es la única vía para resolver los conflictos por la circunscripción de posesiones y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

«Espero que recurran al diálogo y al entendimiento en lugar de las luchas tradicionales, que ya han demostrado ser infructuosas porque las muertes y los conflictos en el campo continúan y suceden con bastante frecuencia, lamentablemente», alegó.

Se propone otra salida posible al punto muerto, «basada en la reconciliación, una nueva forma de solución para la jurisdicción constitucional, para resolver definitivamente el problema del conflicto y no seguir impulsándolo sin que tenga fin», remarcó.

De acuerdo con la tesis del marco temporal, los pueblos indígenas solo tienen derecho a las tierras que estaban en su posesión el 5 de octubre de 1988, fecha de la promulgación de la Constitución federal, o que eran objeto de disputa legal en ese momento.

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