La decisión del gobernante se conoció inmediatamente después de que este miércoles la Asamblea Nacional (Parlamento) aceptara, con 136 votos afirmativos, la renuncia de Salazar al cargo de fiscal.
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— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) May 21, 2025
Durante el momento destinado al debate de la dimisión de la funcionaria el titular del Legislativo, Niels Olsen, solamente dio la palabra al asambleísta Andrés Castillo, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), quien destacó la labor de la autoridad saliente.
Sin embargo, los parlamentarios de la Revolución Ciudadana (RC) nuevamente fueron impedidos de intervenir.
La víspera, a través de su cuenta de X, la bancada de la RC difundió una carta abierta a Salazar donde señala que su renuncia es la confirmación de que “fue puesta para encubrir, perseguir, manipular, jamás para hacer justicia”.
Su paso por la Fiscalía, a donde llegó en 2019, estuvo lleno de cuestionamientos, polémicas, acusaciones de parcialidad, de montar casos y hasta denuncias de plagio de su tesis de licenciatura.
No obstante, se salvó de un juicio político en su contra promovido desde la oposición en la Asamblea Nacional.
En noviembre pasado, su nombre salió a la palestra pública tras la exposición de chats de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado en agosto de 2023.
Esas conversaciones, desechadas por la Fiscalía y confirmadas por varios de los implicados, reflejan cómo Salazar estaría implicada en estrategias para blindar al gobierno del exmandatario Guillermo Lasso (2021-2023).
Además, recientemente, Verónica Sarauz, viuda de Villavicencio, acusó a Salazar de presionarla para acusar al expresidente Rafael Correa (2007–2017) como responsable del crimen de su esposo, algo que el Ministerio Público aseguró ser falso.
Uno de los casos más notorios de la fiscal fue Sobornos, proceso cuestionado internacionalmente por las condenas al expresidente Correa por “influjo psíquico” y a otros funcionarios de su gobierno.
En los últimos meses, Salazar también impulsó pesquisas de impacto nacional y catalogadas por la oposición como persecución política, como el caso Nene, donde se procesó al hijo de la vicepresidenta, Verónica Abad; Ligados, contra exvocales del Cpccs; y Triple A, que salpica al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.
Algunos la acusan de haber actuado rápidamente en procesos como los mencionados anteriormente, y en otros avanzó lento, como Sinohydro, pesquisa que involucra al exgobernante Lenín Moreno (2017-2021).
Finalmente, logró archivar las investigaciones previas en contra del expresidente Lasso, acusado de peculado y delincuencia organizada, y consiguió que la justicia llamara a juicio al ex vicepresidente Jorge Glas como parte del caso Reconstrucción de Manabí.
Tras su dimisión, el Cpccs inició hoy el proceso para designar a un nuevo titular de la Fiscalía General del Estado y quedó conformado un equipo para realizar un concurso de selección.
rc/avr
