Indígenas panameños denuncian represión policial de protestas

Ciudad de Panamá, 14 jun (Prensa Latina) La presidenta del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé de Panamá, Elena Cruz, denunció hoy la represión policial contra ese pueblo originario en protesta contra una ley del seguro social.

En un comunicado, la líder indígena se refirió a las acciones del operativo “Omega”, indicado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para despejar los cierres viales en la noroccidental provincia Bocas del Toro, en especial en la localidad de Chiriquí Grande, donde se mantienen bloqueos desde hace más de 40 días.

Cruz condenó que el operativo incluyó despliegue aéreo y terrestre y trajo como saldo personas heridas dentro de las comunidades atacadas por solo defender sus derechos.

También responsabilizó por estos abusos al jefe de Estado y los ministros de Seguridad, Frank Ábrego; y de Gobierno, Dinoska Montalvo.

“Denuncio ante el país e instancias internacionales la represión del pueblo que en estos momentos se encuentra herido”, remarcó.

La autoridad exigió la retirada inmediata de la llamada Ley No 462, sobre la Caja de Seguro Social; y la anulación del memorando de entendimiento suscrito con Estados Unidos, que lesiona la soberanía del país.

Además, señaló que el descontento popular se extiende más allá de la comarca, reflejando una tensión nacional creciente.

Las declaraciones de Cruz surgen en medio de la ejecución de la medida anunciada por el Ejecutivo para reabrir el paso hacia Bocas del Toro, provincia afectada por interrupciones en telecomunicaciones y energía eléctrica debido a las protestas y bloqueos, según el Gobierno.

Este sábado, en los primeros enfrentamientos, unidades antimotines lanzaron gases lacrimógenos en varias zonas de la principal zona productora de plátano del país centroamericano.

Los cierres continuaron en varios puntos por parte de maestros y pobladores, a pesar de que los dirigentes de la industria del banano firmaron el miércoles en la Asamblea Nacional (Parlamento), un acuerdo para levantar los bloqueos y un paro en las plantaciones de la transnacional Chiquita Brands, a cambio de la aprobación de una norma que restituya un régimen de seguridad social especial para sus trabajadores.

Por su parte, el Servicio Nacional de Fronteras indicó en un mensaje que el operativo responde al mandato constitucional que garantiza a todos los ciudadanos el derecho a la libre circulación.

La medida, según el Ejecutivo, surge como respuesta directa a loas reiterados reclamos de productores, empresarios, miembros de la sociedad civil y del sector turístico, quienes han sido gravemente afectados desde el pasado 28 de abril cuando comenzaron los bloqueos.

De otra parte, trascendió que el Servicio Nacional Aeronaval reactivó un puente aéreo humanitario, con la intención de facilitar el transporte gratuito de personas y mercancías hacia áreas afectadas.

lam/ga

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