Una investigación que demuestra cómo beneficiarios de la Ley 22 (actualmente Ley 60) acumularon diversas exenciones contributivas y provocaron para Puerto Rico la pérdida de miles de millones de dólares en ingresos, mientras subsidia desarrollos de lujo y fomenta la privatización de recursos.

El informe analiza igualmente otros esquemas contributivos, incluida la Ley 60 —individuos, exportaciones y energía—, la Ley 74 —Turismo—, la Ley 273 —entidades financieras— y las Zonas de Oportunidad.

Según el más reciente Informe de Gastos Tributarios, publicado en junio por el Departamento de Hacienda de Puerto Rico, el gobierno boricua estima que las pérdidas de ingresos superarán los 18 mil millones de dólares por concepto de la Ley 22.

Esa cifra cuadruplica el estimado anterior de cuatro mil 400 millones proyectado para el periodo de 2020-2026.

La Ley 22, para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico aprobada en 2012, otorga a sus beneficiarios exenciones del 100 por ciento sobre intereses, dividendos y ganancias de capital, sin requerir inversión o creación de empleos.

El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, indicó hace unos días que, aunque en la base de datos oficial se registran 5 mil 800 decretos de exención contributiva, solo 2 mil 600 permanecen activos.

El DDEC anunció que ha redoblado los esfuerzos de fiscalización, enviado notificaciones y revocado varios decretos, mas no aclaró qué sucede tras una revocación ni si el gobierno implementará mecanismos de cobro a quienes incumplieron.

“Durante los últimos tres años, nuestro trabajo se ha enfocado en estudiar el impacto y supuestos beneficios de la Ley 22 y los datos son claros: el gobierno pierde mucho más de lo que recauda”, expresó Ane Hernández, portavoz de la coalición Puerto Rico No Se Vende.

Reiteró que este último Informe por Hacienda refleja 18 mil millones de dólares que podrían invertirse en energía, pago de pensiones, hospitales y escuelas.

“Mientras el país se empobrece, el gobierno le da prioridad a los millonarios que compran propiedades, desplazan (a la gente) y no pagan contribuciones; le ha tomado al gobierno 13 años implementar mecanismos de fiscalización y ya es tarde para eso”, anotó Hernández al subrayar que con las proyecciones actuales, la única acción responsable es eliminar este incentivo.

El Informe de Gastos Tributarios es un documento oficial del Departamento de Hacienda que detalla el costo fiscal de las exenciones, deducciones y créditos contributivos otorgados por el Gobierno, cuyo propósito es transparentar cuánto deja de recaudar el Estado por concepto de incentivos contributivos.

“Lo más alarmante es que la Ley 22 es solo una fracción mínima de un sistema de privilegios contributivos y del cual ellos se benefician múltiples veces, mientras el resto del país carga con las pérdidas”, destacó Hernández.

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