Las acciones han sido anunciadas por legisladores de la Revolución Ciudadana, la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, la Unión Nacional de Educadores, el movimiento Pachakutik y autoridades provinciales del norte del país.

La norma aprobada por la Asamblea Nacional modifica el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, una ley que regula el funcionamiento de prefecturas y municipios.

La nueva versión obliga a municipios y prefecturas a destinar el 70 por ciento de sus presupuestos a obras públicas, limitando al 30 por ciento el gasto corriente, que incluye salarios y operación administrativa.

Quienes impulsan las demandas sostienen que la ley es inconstitucional tanto por la forma como por el contenido, al alegar que el Parlamento aprobó la disposición sin permitir la participación de figuras locales que solicitaron intervenir en el debate legislativo.

Además, advierten que la disposición vulnera la autonomía financiera y administrativa de los gobiernos locales, debilita el modelo de descentralización y abre la puerta a recortes discrecionales de las transferencias presupuestarias.

El movimiento Pachakutik afirmó que la reforma responde a condicionamientos del Fondo Monetario Internacional, mientras que la Unión Nacional de Educadores y otros sindicatos anunciaron una movilización nacional para el 13 de marzo en Quito.

El presidente Daniel Noboa remitió la ley al Registro Oficial sin observaciones, con lo cual la medida ya entró en vigor.

ro/avr