Alcaldes de la provincia de Veraguas manifestaron su rechazo a la posible reapertura temporal del antiguo centro penitenciario de Coiba, al considerar que la medida contradice disposiciones de la Ley 44 de 2004, que creó el Parque Nacional Coiba y establece estrictas limitaciones para el uso de ese territorio.
Según los ediles, la normativa prohíbe expresamente actividades incompatibles con la conservación ambiental, así como la ocupación humana permanente, salvo para labores administrativas, científicas y de ecoturismo. También restringe la construcción o adecuación de infraestructuras ajenas a esos fines.
La polémica surgió luego de que el Ejecutivo anunciara el traslado de 29 privados de libertad considerados de alta peligrosidad a instalaciones existentes en la isla, como parte de una estrategia para reforzar el control penitenciario tras recientes fugas de reos.
Sin embargo, los alcaldes sostienen que la presencia de reclusos podría afectar los compromisos internacionales asumidos por Panamá, además de poner en riesgo la actividad turística y la pesca artesanal que sustentan a numerosas comunidades de la zona de amortiguamiento del parque.
En un comunicado, las autoridades locales advirtieron que la decisión amenaza la paz social y el desarrollo económico de la región, por lo que elevarán formalmente su inconformidad ante el Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.
Representantes del sector turístico también expresaron preocupación por la incertidumbre generada en torno al futuro de la actividad en la isla.
La presidenta de la Cámara de Turismo de Mariato, Itzel Rodríguez, indicó que durante la temporada alta unas 200 personas visitan diariamente el parque, uno de los principales atractivos ecoturísticos del país.
Por su parte, la exprocuradora general Ana Matilde Gómez calificó la situación como una evidencia de la crisis que atraviesa el sistema penitenciario nacional y cuestionó las garantías de seguridad de la iniciativa.
A su juicio, el traslado plantea riesgos adicionales debido a que Coiba es una reserva natural protegida por legislación nacional y compromisos internacionales.
También señaló problemas relacionados con el régimen de visitas, la corrupción interna y la falta de una política penitenciaria integral orientada a la seguridad, la resocialización y la reinserción social.
Gómez sostuvo que la reciente fuga masiva de reclusos del centro La Joyita, en esta capital, refleja fallas estructurales, disciplinarias y de coordinación institucional que han debilitado la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para garantizar la seguridad pública.
La isla de Coiba funcionó como colonia penal desde 1920 hasta 2004. Posteriormente fue consolidada como área protegida y en 2005 fue inscrita por la Unesco en la Lista del Patrimonio Mundial, proceso en el que la aprobación de la Ley 44 fue considerada un elemento determinante.
El Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba, integrado por autoridades gubernamentales, alcaldes, representantes académicos, ambientales y productivos, analiza este miércoles la situación, mientras persisten interrogantes sobre la duración del traslado y sus posibles implicaciones legales, ambientales y económicas.
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