Alrededor de las 19:00 hora local, en medio de un fuerte dispositivo policial el dirigente del campesinado fue conducido este lunes al centro penitenciario en cumplimiento de un veredicto judicial que decidió su encierro por 180 días en ese reclusorio del departamento paceño mientras se lleva a cabo la investigación en su contra.
En la vista, el Ministerio Público presentó una acusación formal por los presuntos delitos de incitación pública a la comisión de delitos, asociación delictiva, terrorismo, ataques contra la seguridad de los medios de transporte y de los servicios públicos.
De acuerdo con la fiscalía, existen indicios que vincularían a Salazar con la organización de los bloqueos de carreteras que se prolongaron durante más de 50 días con la exigencia de la renuncia del presidente, Rodrigo Paz.
En la audiencia, la defensa de Salazar objetó la legalidad de la detención y argumentó que no existían riesgos procesales, además de presentar documentación sobre su domicilio, origen y actividad laboral para que pudiera ejercer su defensa en libertad.
Sin embargo, en medio de la presión de fuerzas afines al Gobierno y en particular del ultraderechista Comité Cívico Pro Santa Cruz, la autoridad judicial rechazó la solicitud y remitió al líder campesino a la prisión de máxima seguridad.
El dirigente fue aprehendido el sábado último en la ciudad de El Alto y permaneció en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) hasta este lunes.
La detención de Salazar no será la única dentro de las investigaciones por los 53 días de bloqueos, aseguró el ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo.
Según declaró la autoridad a Radio Panamericana, las pesquisas alcanzarán a todos quienes, en opinión del Gobierno, tuvieron responsabilidad en esas movilizaciones, incluido el expresidente Evo Morales.
Estas declaraciones acontecieron ante la reacción de la Federación Túpac Katari, declarada en estado de emergencia en las 20 provincias del departamento de La Paz tras la aprehensión de su principal dirigente.
Al exigir la libertad de Salazar, la organización campesina argumentó que él solo cumplió el mandato de las bases al representar sus demandas, y rechazó los presuntos delitos que se le atribuyen.
El primer punto de un acuerdo pacificador rubricado el 19 de junio último por el presidente, Rodrigo Paz, y el titular de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, expresa que “el Gobierno nacional no apoyará ni promoverá ninguna norma que criminalice la protesta; no realizará persecución política, judicial y mediática contra dirigentes y autoridades orgánicas movilizadas”.
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