El mandatario, quien dispone de 30 días para sancionar o vetar la iniciativa, anunció para la próxima semana una reunión con representantes de organizaciones de jubilados y de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, en busca de alternativas.

Mulino advirtió que la legislación, aprobada en tercer debate por la Asamblea Nacional (parlamento) con 47 votos a favor y uno en contra, podría generar obligaciones financieras sin establecer de dónde procederán los recursos para cubrirlas.

“No sé cómo hacer, sinceramente se lo digo, pero hay que buscar de alguna forma que esa ley sea sustentable económicamente”, afirmó el mandatario durante un acto público la víspera en la caribeña provincia de Colón.

El Proyecto de Ley 226 modifica la Ley 6 de 1987 y amplía los descuentos para los adultos mayores en servicios como transporte aéreo, hoteles, espectáculos, cines, medicamentos y atención en hospitales y clínicas privadas, entre otros.

La iniciativa enfrenta posiciones encontradas. Mientras organizaciones de jubilados reclaman su sanción, la Cámara de Comercio solicitó un veto total y Fedecámaras propuso un veto parcial y técnico.

El jefe de Estado llegó a cuestionar incluso que durante la discusión legislativa no fueran consultados el Ejecutivo ni las entidades responsables de las finanzas públicas y llamó a los diputados a legislar con responsabilidad fiscal.

El gobernante reconoció además el costo político que implicaría vetar la norma, pero insistió en que su prioridad es garantizar que los beneficios puedan mantenerse en el tiempo sin comprometer las finanzas estatales.

“Tampoco hay todo el tiempo del mundo”, señaló al referirse a las conversaciones, debido al plazo constitucional para decidir si sanciona o veta el proyecto.

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