Según voceros de la alianza Pueblo Unido por la Vida, se trata de acciones ilegales de vigilancia y amenazas contra dirigentes y sus familiares.
Los organizadores de la movilización el próximo 30 de septiembre desde el parque Belisario Porras, en esta capital, también cuestionaron las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, sobre las operaciones de agentes policiales dentro de organizaciones sociales.
Jorge Guzmán, de la Coordinadora Popular por la Lucha de los Derechos Humanos de Panamá, rechazó lo que calificó de intentos por justificar esas actuaciones y pidió al presidente José Raúl Mulino no destinar recursos públicos al seguimiento de movimientos que, dijo, anuncian de manera abierta sus actividades.
El dirigente llamó a la ciudadanía a participar en la caminata dedicada a reclamar respeto a los derechos fundamentales, la libertad sindical y la libre organización.
De otra parte, cuestionó al Ministerio Público por la falta de medidas de protección para las personas que han presentado denuncias y evidencias sobre la supuesta actuación de agentes encubiertos.
Por su parte, lideres sindicales denunciaron presuntos actos de vigilancia y seguimiento contra organizaciones, incluidos allanamientos y recopilación de información en viviendas y vehículos que, según sostienen, habría sido utilizada para elaborar expedientes contra dirigentes.
Yamir Córdoba, secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), defendió el derecho a la libertad de expresión y de pensamiento y denunció una persecución contra sectores que mantienen posiciones críticas frente a políticas gubernamentales.
El debate adquirió relevancia después de que la PN reconociera públicamente el empleo de agentes encubiertos, aunque rechazó que se trate de “infiltrados” y sostuvo que esas actuaciones se realizan para preservar el orden y la seguridad nacional dentro del marco legal.
Las organizaciones sociales, sin embargo, sostienen que las operaciones denunciadas tuvieron como objetivo sindicatos, grupos ambientales, estudiantes, docentes y defensores de derechos humanos, y han presentado denuncias ante la Fiscalía y otras instituciones, además de solicitar medidas de protección para dirigentes y familiares.
En los últimos siete días, también se produjeron encendidos debates en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional (parlamento) sobre un proyecto de reformas al Código Electoral.
La iniciativa contempla unos 169 artículos y plantea modificaciones a diversas normas que regulan el sistema electoral, entre ellas las relacionadas con el financiamiento político, la constitución de partidos y las candidaturas independientes.
Entre los asuntos más polémicos sobresale el financiamiento político, considerado uno de los componentes centrales de la futura norma.
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