Denominada Agenda 227, la iniciativa reúne a entidades de diferentes áreas y contempla dos documentos: uno dirigido a quienes disputan la Presidencia y otro destinado a los aspirantes a los gobiernos de los estados.

Las propuestas abarcan áreas como educación, salud, primera infancia, enfrentamiento de las violencias y profesionalización de adolescentes y jóvenes.

El movimiento, expusieron reportes d eprensa, busca incorporar esas cuestiones a los programas de gobierno que serán ejecutados durante el próximo período presidencial y en las administraciones estatales.

Según los documentos, niños y adolescentes de determinados grupos enfrentan mayores niveles de vulnerabilidad ante problemas como la pobreza, la inseguridad alimentaria, la violencia, la insuficiente oferta de servicios públicos y los riesgos derivados de eventos climáticos.

Entre los grupos mencionados figuran personas negras, indígenas e inmigrantes, así como residentes de las regiones Norte y Nordeste y de las periferias urbanas.

Agenda 227 sostiene que esa realidad evidencia la necesidad de avanzar en el cumplimiento del principio constitucional que establece la prioridad absoluta de los derechos de niños y adolescentes de cero a 17 años de edad.

Las organizaciones proponen políticas destinadas a ampliar y democratizar el acceso a la salud, la educación y la seguridad, además de medidas para enfrentar diferentes formas de violencia y reducir desigualdades relacionadas con género, color, origen y condición social.

El documento dirigido a los candidatos a la Presidencia plantea que las políticas públicas deben garantizar los derechos de la población infanto-juvenil de manera integral y considerar las desigualdades que afectan a distintos sectores de ese grupo.

Para los gobiernos estatales, la propuesta destaca la necesidad de cooperación entre los diferentes niveles de la administración pública, con definición de prioridades y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

El nombre del movimiento hace referencia al artículo 227 de la Constitución brasileña, que establece como deber de la familia, la sociedad y el Estado asegurar a niños y adolescentes derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, el ocio, la dignidad y el respeto.

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