La disposición consta en el Decreto Ejecutivo 527, suscrito este 29 de octubre, que establece una excepción a la regla fiscal y ordena incorporar esta autorización en el Presupuesto General del Estado del próximo año.
La normativa ecuatoriana dispone que los gastos permanentes deben financiarse, como regla general, con ingresos permanentes, aunque la Constitución permite excepcionalmente cubrir con recursos no permanentes las obligaciones de salud, educación y justicia.
Ingresos no permanentes incluyen el dinero que el Estado obtiene por la venta de petróleo y de bienes públicos, así como recursos extraordinarios que no recibe de manera regular.
El Gobierno también puede recurrir a préstamos, aunque estos constituyen financiamiento que deberá pagar en el futuro.
Según el decreto suscrito por Noboa, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo emitió el 28 de octubre los informes técnicos que justifican la aplicación de la excepcionalidad.
La medida se conoce a pocos días de que venza el plazo legal para que el Ejecutivo presente ante la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria de 2027, lo cual está previsto para este sábado 31 de octubre.
El Gobierno ya recurrió a este mecanismo para el ejercicio fiscal de 2026 mediante el Decreto Ejecutivo 199, firmado por Noboa en octubre de 2025.
Para el Observatorio de la Dolarización, colectivo especializado en análisis económicos, utilizar de manera reiterada ingresos temporales para cubrir obligaciones recurrentes puede comprometer la sostenibilidad fiscal y generar dificultades para garantizar la continuidad de los servicios públicos.
“¡Atención! Nos están llevando a un callejón sin salida y la privatización de la salud y la educación será inminente”, señaló la organización en un pronunciamiento.
El organismo también cuestionó el peso creciente del endeudamiento público y alertó que recurrir a nuevos créditos para cubrir obligaciones estatales puede incrementar el pago de intereses y reducir los recursos disponibles para atender necesidades sociales.
“Llegará el momento -no muy lejano- en que sencillamente digan que los ingresos presupuestarios (…) no permitirán mantener estos servicios y, por tanto, tendrán que restringirse o eliminarse”, señaló el Observatorio.
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