“Actualmente, en el Terminal Beaterio (en Quito) se despacha un promedio de 850 mil galones diarios, volumen equivalente a la demanda histórica autorizada por la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero», expuso la petrolera.

El pronunciamiento llega luego de que la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo de Ecuador (Camddepe) solicitara información sobre el abastecimiento de combustibles ante las “quejas de distribuidores” de que se estaría “dosificando” la entrega de gasolina.

En su nota oficial de este miércoles, Petroecuador reconoció “afectaciones operativas” derivadas del sismo del pasado 25 de abril, el incendio en Refinería Esmeraldas, así como la detención de operación de los oleoductos.

Si bien la entidad aseguró que la ciudadanía puede abastecerse con total normalidad en las estaciones de servicio autorizadas, conductores del norte del país reportaron que en varias estaciones se les negó llenar el tanque completo de sus vehículos.

La Refinería de Esmeraldas, la más grande del país con capacidad para procesar 110 mil barriles de crudo, dejó de operar tras un incendio en la instalación ocurrido el 26 de mayo pasado.

Se esperaba que en julio volviera a funcionar, sin embargo, no ocurrió y en estos momentos Ecuador depende de las importaciones.

A eso se suma que estaban sin funcionar los dos oleoductos nacionales por el avance de la erosión regresiva en el río Coca, fenómeno que amenaza con destruir la infraestructura petrolera.

Este miércoles ya se restableció el transporte por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), por lo que se espera que la refinación se reactive en los próximos días.

En ese contexto, la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, afirmó que Ecuador perderá entre 400 y 500 millones de dólares en el mes de julio debido a la crisis petrolera.

No obstante, señaló que el Gobierno coordina con el Ministerio de Energía y Minas una inversión tecnológica que permita incrementar la producción en los próximos meses y así compensar las pérdidas.

El Frente de Defensa Petrolero responsabilizó al Gobierno por un “colapso sin precedentes”, atribuible a la falta de previsión, a la mala gestión de Petroecuador y a la inestabilidad administrativa.

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