En una rueda de prensa este martes, la dirigente sostuvo que la falta de garantías electorales y las decisiones adoptadas por las autoridades, incluida la suspensión de la RC, configuran un escenario que impide la participación política en igualdad de condiciones.

«Se rompió el mandato constitucional. Por lo tanto, se rompe el Estado de derecho y se lesiona la democracia», afirmó Rivvadeneira, quien aseguró que el proceso electoral «no garantiza que el pueblo elija libremente en las urnas».

Señaló que tras la suspensión de la RC y del movimiento Amigo, otras organizaciones políticas que han considerado acoger sus candidaturas también enfrentan presiones y procesos que buscan impedir su participación.

«Muchas organizaciones políticas que ya abrieron la puerta a las candidaturas de la RC fueron amenazadas de manera directa con suspensión», aseguró.

En relación con la suspensión impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) indicó que la RC no ha sido notificada sobre una investigación, “por lo que se vulneró nuestro derecho a la defensa”.

insistió en la ilegalidad del proceso que “se utilizó para afectar la participación de nuestra organización política” en las elecciones para elegir a las autoridades locales.

La titular de la RC señaló que su organización mantiene acciones legales en instancias nacionales e internacionales para denunciar lo que considera violaciones a los derechos políticos e insistió en que el país atraviesa una dictadura.

«El gobierno ha hecho muy bien una cosa: instalar un estado de terror. La gente tiene miedo, no solo al sicariato, sino a la represión del Estado», expresó.

Subrayó que la ausencia de seguridad jurídica, la suspensión de organizaciones políticas, las dificultades para inscribir candidaturas, los procesos judiciales contra dirigentes opositores y las denuncias de desapariciones forzadas son elementos que evidencian el deterioro institucional.

La extitular de la Asamblea Nacional ecuatoriana sostuvo que la democracia también se vulnera cuando la población pierde acceso a servicios públicos esenciales o enfrenta dificultades económicas.

«Cuando un niño no puede ir al sistema educativo, cuando una mujer no puede parir en un hospital público, cuando un joven no tiene acceso al trabajo y cuando más del 50 por ciento del país quiere migrar porque no encuentra alternativas, se rompió la democracia», expresó.

Mencionó que han presentado información ante organismos como Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Parlamento Europeo y otros espacios internacionales, donde solicitan que se observe el desarrollo del proceso electoral ecuatoriano..

La dirigente también relacionó ese escenario con procesos judiciales contra dirigentes opositores, entre ellos el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, condenado en primera instancia a tres años de prisión.

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