La incursión de agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) en la oficina que tiene en el Ministerio Público, del cual depende, fue rechazada por la coordinadora de la Fiscalía contra la Corrupción en el Poder, Marita Barreto.
La fiscal argumentó que los agentes intentaban acceder a la documentación de investigaciones sensibles como la que se realiza al hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor.
El hermano de la mandataria ha sido denunciado por la prensa por usar medios y funcionarios para organizar un partido político, ante lo cual el Gobierno niega que tenga cargo alguno en el Estado.
La orden de registro, según la Inspctoría de la Policía Nacional (PNP), argumentó que el registro apuntaba “a la revisión y verificación de la documentación pasiva de carácter administrativo interno” referida a las órdenes y operaciones policiales ejecutadas por la Diviac.
Barreto encabeza al Equipo de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), a cuyo servicio está la Diviac, y dijo que ningún policía ajeno a esta tiene permiso para acceder a las oficinas ni los documentos de la unidad anticorrupción.
El jefe de la Diviac, coronel Harvey Colchado, fue suspendido indefinidamente y reemplazado por otro oficial, contra la voluntad de Barreto, quien dijo que la medida fue “una venganza de la corrupción del poder”, sin más detalles.
Según los exministros del Interior Mariano González y Carlos Basombrío, la separación de Colchado fue una represalia de la presidenta Boluarte por el reciente allanamiento de su casa que encabezó el oficial hoy suspendido.
La difusión de una torta de cumpleaños decorada con un muñeco disfrazado de policía y un ariete frente a una puerta fue interpretado como una burla contra la presidenta en la orden de suspensión a Colchado, quien dio la orden de forzar la puerta de la casa de Boluarte, procedimiento judicialmente autorizado.
El allanamiento de la casa de la jefa de Estado y del despacho presidencial fueron calificados como venganza de la mandataria por los ex ministros del Interior Mariano González y Carlos Basombrío.
Esas acciones se realizaron en el marco de la investigación a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, motivada por la posesión de relojes de lujo cuya adquisición no fue declarada.
La jefa de Estado ha declarado que solo recibió prestada esas joyas y ya las devolvió, lo cual es de cualquier manera delito, según juristas consultados, porque los funcionarios como ella están prohibidos de recibir cualquier regalo, prebenda o favor.
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