El exgobernante Alan García, quien gobernó dos veces (1985-90 y 2006-11) y transitó de la socialdemocracia al neoliberalismo, fue protagonista ausente, pues el proceso en su contra se extinguió con su vida, hace cinco años, cuando se disparó un tiro en la sien ante su inminente detención.
García ocupó la atención de los medios de prensa al ratificar el empresario Miguel Atala, amigo, testaferro confeso del veterano político y principal testigo de cargo, su testimonio ante los tribunales.
De otro lado, el Poder Judicial ordenó el inicio del juicio al expresidente Martín Vizcarra (2018-20), por hechos registrados antes de ser mandatario, cuando era gobernador de la sureña región de Moquegua.
En el caso de García, la causa en su contra se ha extinguido porque no se puede juzgar a un difunto, pero continúa contra los demás involucraos en el caso de cohecho y lavado de activos, entre otros cargos, por los que son juzgados Atala y quien fuera secretario privado de García, Luis Nava.
Ambos están en libertad condicional e inicialmente fueron sometidos a prisión preventiva, tras lo cual Nava confesó que había abierto una cuenta en Andorra, uno de los llamados paraísos fiscales europeos, para recibir sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para García, a cambio de contratos de obras públicas.
Atala, por su parte, declaró a la Fiscalía que era una especie de cajero de García, pues recibía en la cuenta de Andorra el dinero de Kliendfeld Services Ltda., firma usada por Odebrecht para esos menesteres; lo transfería a Lima y entregaba a García, según sus requerimientos, sumas menores de 50 mil dólares, en efectivo.
Agregó que entregó a García entre 2010 y 2017 un total de un millón 300 mil dólares, en 43 partes, personalmente, en visitas al Palacio de Gobierno, en las casas de ambos y otros lugares. Y ha informado a la Fiscalía fechas, montos y otros detalles de la recepción y entrega del dinero.
Atala ratificó en la semana recién terminada su testimonio en el proceso que incluye a Nava y a quien fuera ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, entre otros exfuncionarios.
Dirigentes del Partido Aprista, del que era líder García, sostienen que este es inocente y víctima de la Fiscalía e intentan desacreditar a Atala y Nava, a quienes acusan de traición y mentira, además de señalar que los sobornos eran para ellos y quieren culpar a García.
Vizcarra, por su parte, es acusado por empresarios de haberles cobrado cientos de miles de dólares a cambio de los contratos de construcción de un hospital y un proyecto de irrigación en la región de Moquegua, durante su gestión como gobernador de ese territorio, entre 2011 y 2014.
Los cargos contra Vizcarra, que los niega con vehemencia, son los de pertenencia a una organización criminal, cohecho (soborno) y otros y la Fiscalía tiene como pruebas de cargo las confesiones de quienes fueron sus ministros Edmer Trujillo y José Manuel Hernández.
También cuenta con los testimonios de la ex asistente de la Presidencia Karen Roca, el empresario Elard Tejeda y otros.
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