Angulo, reemplazado en enero pasado y que cuestiona la legalidad de su cese, declaró al diario La República que el 18 de abril pasado detectó que dos personas lo filmaban mientras almorzaba en un restaurante con el juez anticorrupción Germán Juárez.
Agregó que la placa el automóvil que usaban los intrusos pertenecía a una empresa de fachada de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cuyas oficinas radican en el Palacio de Gobierno, sede de la Presidencia de la República.
El general Angulo fue cesado como presunto responsable de un incidente registrado días antes en la ciudad surandina de Ayacucho, cuando una de los familiares de caídos en la represión de una manifestación de protesta, jaló los cabellos de Boluarte.
De otro lado, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó que el Gobierno rechaza lo sucedido al contralor Shack, cuyo relevo, por cumplir próximamente su mandato, pidió la semana pasada el Gobierno al Parlamento.
Arana añadió que el Ejecutivo reclama una investigación pronta y pidió a la Fiscalía “que actúe contra aquellos que resulten responsables”.
Añadió que el Gabinete Ministerial no ha tenido noticias del hecho, hasta su revelación por la prensa, y sostuvo que, de haberse enterado del espionaje, habría dispuesto que se investigue.
Sin emargo, según reveló el diario La República, el seguimiento de agentes de inteligencia a Shack, ocurrió en octubre de 2023, fue informado por el contralor al entonces primer ministro, Alberto Otárola, de quien recibió críticas por informes adversos a la administración de Boluarte.
La Contraloría, por su parte, declaró en un comunicado que reúne información para determinar los delitos que habrían cometido funcionarios públicos que, para el espionaje a Shack, habrían usado en forma irregular bienes y recursos del Estado.
Agregó que actuará ante la Fiscalía de la Nación contra los altos funcionarios que hayan participado de los graves hechos que atentan el orden constitucional, procedimiento que coŕresponde solo en casos protagonizados por el Presidente, sus ministros, los parlamentarios y otros funcionarios del más alto nivel.
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