A poco más de dos años de su vigencia, la mayoría de los salvadoreños respalda la medida impulsada por el presidente Nayib Bukele como estrategia para combatir a las pandillas, pero una parte está en desacuerdo con que se suspendan garantías constitucionales, según un estudio reciente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA)
Hay un sector de afectados que lo critica por presuntos crueles, inhumanos y degradantes contra las personas detenidas, en especial familiares de reos presuntamente inocentes.
En general, el respaldo popular a la medida continúa. En el estudio de opinión de la UCA siete de cada diez salvadoreños sostienen que debe prorrogarse, pero 29 por ciento dice que debe buscarse otra alternativa.
Sin embargo, la iniciativa que debería ser de corto plazo, lleva más de dos años de vigencia, es vista como necesaria pero sectores en el país, tanto de derecha como de izquierda, se pronuncian por un cambio.
La normativa fue prorrogada por vigésimo sexta ocasión este 9 de mayo con un solo voto en contra, el de la diputada Claudia Ortiz del partido Vamos, y dos abstenciones del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El diputado de esa tolda de derecha, Francisco Lira, dijo que ellos proponen un cambio en la norma para seguir garantizando la seguridad a los salvadoreños, aunque el 96 por ciento de los ciudadanos avala la continuidad del régimen de excepción, según las encuestas.
La propuesta de la tolda tricolor aboga por suprimir el régimen como está y crear una norma que mantenga la seguridad sin cometer arbitrariedades. Lira es partidario de crear una comisión especial que estudie el tema.
El gobierno que admitió este es un «mecanismo excepcional», sostuvo en su solicitud que la medida no sirve para enfrentar la criminalidad común sino «un fenómeno criminal sin precedentes a nivel mundial».
Lira propuso durante la primera sesión ordinaria de la asamblea este jueves sustituirlo por una herramienta que establezca un régimen prolongado que garantice los derechos de los ciudadanos sin perder la efectividad que tiene.
Abogó por una acción prolongada con “el objetivo de establecer un Estado de Derecho que proteja a la ciudadanía, así también a todos los detenidos sin causa justa pero sin perder el sentido de efectividad en el combate a la delincuencia, como lo ha tenido el régimen de excepción».
En concreto pidió la revisión de los casos en el sistema judicial y establecer mecanismos necesarios para que las personas detenidas de manera injusta puedan ser liberadas, algo que hoy se encuentra en un atolladero ante incumplimientos de las autoridades de prisiones que no acceden a decisiones de la justicia.
Asimismo propuso crear un mecanismo de asistencia legal y defensa técnica que garantice el acceso adecuado y especializado para personas que no tienen vinculaciones con miembros de grupos delincuenciales, y que están acusadas, además de fortalecer los procesos de investigación y mejorar la imparcialidad de las investigaciones criminales.
Tanto la oposición de izquierda como de derecha reconocen hoy que pese a las presuntas violaciones de derechos humanos, la medida gubernamental contra las pandillas cumplió su cometido al disminuir la tasa de homicidios hasta 1,5 por cada 100 mil habitantes en lo que va de año, una de las más bajas del mundo.
El legislador de la tolda tricolor exhortó a una cultura de respeto a la presunción de inocencia y al debido proceso legal, y preguntó quién le compensa la imagen a una persona inocente después de estar capturada durante años.
Lo real es que el partido en el gobierno tiene los votos necesarios para mantener de forma indefinida la ley, mientras este viernes comienzan a correr los 30 días de la nueva prórroga.
Según expertos y organizaciones defensoras de los derechos humanos, la vigencia de la normativa reflejó que el abordaje de la violencia y la criminalidad es hoy por hoy un problema de carácter político, de concentración del poder.
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