En esa región, específicamente en el municipio Suarez, más de 300 personas permanecen desplazadas de sus casas y se refugian en una iglesia local, después de un ataque ocurrido el pasado lunes día 20 contra una guarnición militar por parte de la mentada agrupación armada.
Ese mismo día varios sucesos estremecieron el suroeste de la nación, entre ellos un asalto a una estación de policía en Morales, donde murieron cuatro personas entre uniformados y civiles, mientras al mismo tiempo se reportaban enfrentamientos en Dagua, Suárez y Jambaló.
También en Jamundí, en el vecino Valle del Cauca, explotó al amanecer de esa jornada un artefacto explosivo en las cercanías de un hotel donde se hospedaban miembros de la policía y lesionó a al menos a media docena de personas.
Ante esa situación, el presidente Gustavo Petro ordenó el desplazamiento con carácter urgente de la cúpula militar hacia Cauca y la instalación de un Consejo de Seguridad Permanente.
Las primeras decisiones resultaron en el envío de 100 carabineros hacia el departamento, se dispuso el incremento de capacidades tecnológicas, y también el aumento de las operaciones, algunas de ellas ya en curso, a realizarse por la Policía y las Fuerzas Militares.
En tanto, se ofreció una recompensa de hasta 500 millones de pesos (cerca de 130 mil dólares al cambio actual) por información que conduzca a la captura de los cabecillas de las columnas Dagoberto Ramos, Jaime Martínez o el frente Carlos Patiño del EMC, disidencias de las extintas Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Posteriormente, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, informó sobre un incremento de 200 policías y 300 uniformados del Ejército para reforzar la seguridad en los municipios, y el fortalecimiento de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal, conocidos como Gaula, en esa zona del país.
Comunicó además que se acometerán además acciones para afectar las finanzas de este grupo guerrillero lo mismo en aquellas relacionadas con el narcotráfico que con la minería ilegal, con el fin de debilitar a la organización.
También el mandatario del país hizo presencia en la zona y sus orientaciones con respecto al EMC fueron claras: no se daría ninguna posibilidad de cese al fuego con esa agrupación armada a menos que estas se comprometieran a abandonar sus prácticas económicas ilícitas.
Esa condición se vuelve entonces determinante para pactar cualquier tipo de diálogo con el Gobierno pues, a juicio del jefe de Estado, la sustitución de los cultivos ilícitos es fundamental para revertir la realidad de los pobladores de Cauca y alcanzar la paz.
Reunido con líderes sociales y autoridades del territorio, el mandatario dio instrucciones a su gabinete para comenzar a ejecutar acciones que mejoren en esa zona la calidad de vida de los ciudadanos, y crear condiciones básicas para mejorar los accesos al agua potable, el saneamiento básico, y la salud.
“Yo quiero ver un Micay cafetero, cacaotero. Si lo logramos habrá paz”, sentenció el jefe de Estado en el encuentro denominado Acciones por la Paz, la Seguridad y la Vida.
Refirió que para superar la violencia hay que transformar el territorio y eso implica, en zonas como el Cañón de Micay, de la construcción del embalse, la carretera, la universidad, y de otras obras que contribuyan a su desarrollo.
Para ese propósito, informó además el ministro de Defensa, se impulsarán varios proyectos, uno de los cuales será la sustitución de más de 15 mil hectáreas sembradas con cocaína para dar paso a procesos productivos con frijol y cacao, mientras que otras obras tendrán que ver con la construcción o mejoramiento de puestos de salud y centros escolares.
También desde esa región, la vicepresidenta Francia Márquez ratificó públicamente el compromiso del Estado de hacer presencia allí, y de escuchar las necesidades de los pobladores de Cauca, una zona golpeada durante décadas por la pobreza y la guerra entre coterráneos.
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