Junto al exgobernante fueron sancionados a cinco años de privación de libertad sus tres exministros de Hidrocarburos.
Con el voto dividido de sus nueve magistrados, el TSJ emitió el veredicto dado a conocer a casi 20 años del inicio del proceso penal.
Según se informó, los jueces Olvis Egüez, Marco Ernesto Jaimes, Carlos Alberto Egüez y Juan Carlos Berrios votaron porque los acusados sean condenados a una pena de cárcel por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Por su parte, Ricardo Torres y Nuria Gonzáles votaron por la condena solo por el delito de incumplimiento de deberes.
Los disidentes con la sentencia condenatoria, pero que, tampoco pidieron la absolución, fueron María Cristina Díaz, José Antonio Revilla y Edwin Aguayo.
Al haber votos divididos de seis magistrados que optaron por la condena, cuatro de ellos por dos delitos y dos por uno solo, los primeros hacían mayoría absoluta con lo que se dispuso la sentencia condenatoria.
El texto establece una pena de seis años y tres meses para el exmandatario, y de cinco para los restantes imputados, sanciones que deberán ser cumplidas en el centro de rehabilitación de Chonchocoro, departamento de La Paz.
Adicionalmente, se impuso la inhabilitación de los imputados para acceder a cargos públicos, mandatos y empleos por un tiempo de cinco años, además del pago de costes.
En este caso, los demandantes fueron la Fiscalía General, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el Ministerio de Hidrocarburos, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia.
Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde su renuncia a la Presidencia de Bolivia el 17 de octubre del 2003, fecha en que huyó del país tras la matanza en El Alto de casi 70 personas.
El exmandatario y sus exministros fueron acusados por la firma de 107 contratos petroleros sin autorización del entonces Congreso Nacional, y la denuncia fue presentada en 2005 por el entonces diputado nacional Evo Morales, pero solo en 2011 se activaron las investigaciones y las audiencias.
En mayo de 2015, la fiscalía presentó una acusación formal por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.
Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, Félix Ajpi, criticó recientemente que Bolivia accedió a extraditar hacia Estados Unidos al exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico Maximiliano Dávila, mientras Estados Unidos protege a Sánchez de Lozada y otros culpables de la masacre de El Alto en 2003.
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