La nave fue intervenida el 2 de septiembre durante un operativo coordinado entre fuerzas ecuatorianas y estadounidenses.

De los 17 tripulantes, nueve fueron localizados y trasladados posteriormente a la ciudad de Manta, mientras se desconoce el paradero de los otros ocho.

La situación llevó a la presentación de un hábeas corpus para determinar qué ocurrió con los pescadores que siguen desaparecidos y esclarecer las circunstancias de la operación.

El juez Isaías Mendoza dispuso un plazo de seis días para recabar información y ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores enviar, en un máximo de 24 horas, una nota diplomática urgente a la embajada de Estados Unidos.

El magistrado pidió que Washington informe sobre la participación de personal naval estadounidense en la intercepción de la Conquista II, así como sobre las personas retiradas de la embarcación, posibles heridos, uso de la fuerza, interrogatorios o separación de los tripulantes.

También solicitó precisar las circunstancias y coordenadas en las que se produjo el hundimiento de la nave.

El juez dispuso además que el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada reconstruya las condiciones de corrientes, vientos y deriva para establecer posibles zonas de búsqueda de los ocho desaparecidos.

Nueve tripulantes de la Conquista II llegaron a Manta el 4 de septiembre junto con otros 19 pescadores de la embarcación OM2, también intervenida durante operaciones contra presuntas actividades vinculadas al narcotráfico.

Los 28 pescadores quedaron en libertad este sábado después de que un juez determinara que no existía flagrancia ni elementos suficientes para establecer su vinculación con un delito.

Autoridades de Estados Unidos y Ecuador afirmaron que las embarcaciones intervenidas presuntamente eran utilizadas como estaciones flotantes para abastecer de combustible a operaciones relacionadas con el narcotráfico y el grupo Los Choneros.

Sin embargo, familiares y defensores de los pescadores rechazan esa versión y aseguran que se trata de trabajadores dedicados a la pesca.

El abogado y defensor de derechos humanos, Fernando Bastias, exhortó al ministro del Interior, John Reimberg, a pedir disculpas públicamente dada la inocencia de los pescadores.

En total suman siete embarcaciones ecuatorianas que este año han sido atacadas en altamar por parte de las fuerzas navales estadounidenses con el argumento de presuntos vínculos con el crimen organizado.

En opinión de Bastias, “todo es un show y siguen jugando con la seguridad de las personas. La ineptitud pone en riesgo la vida e integridad de las personas”.

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