El arresto respondió a una decisión del ministro del STF Alexandre de Moraes, quien determinó el cumplimiento inmediato de las penas tras considerar que los recursos presentados por las defensas tenían carácter dilatorio.

Con ello, el magistrado decretó el tránsito en juzgado de las condenas, lo que implica que no caben más apelaciones, y ordenó el inicio definitivo del cumplimiento de las penas en unidades de reclusión.

Entre los detenidos figuran el mayor retirado Ângelo Denicoli, arrestado en el estado de Espírito Santo; el subteniente Giancarlo Rodrigues; y el teniente coronel Guilherme Almeida, ambos recluidos en instalaciones militares en Brasilia.

De acuerdo con la legislación brasileña, los militares pueden cumplir sus condenas en dependencias castrenses bajo custodia del propio Ejército Brasileño, y no en cárceles civiles.

En tanto, el coronel Reginaldo Abreu se encuentra prófugo en Estados Unidos, mientras que Carlos César Moretzsohn Rocha permanece en el Reino Unido.

Por su parte, el agente de la Policía Federal de Brasil Marcelo Bormevet, detenido desde 2024, pasó automáticamente a cumplir su pena de forma definitiva.

Los siete acusados integraban el denominado núcleo cuatro de la conspiración y fueron condenados en octubre pasado por el STF, a partir de investigaciones de la Procuraduría General de la República.

Según explica el portal Metrópoles, durante el juicio por el intento de golpe de Estado para reinstaurar ilegalmente al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), el STF dividió el caso en cuatro partes denominadas «núcleos».

El cuarto de esos grupos está integrado por los siete mencionados y, de acuerdo con las acusaciones en su contra, ese núcleo utilizó estructuras de la Agencia Brasileña de Inteligencia para espiar a adversarios políticos.

Además, las emplearon para producir y difundir noticias falsas dirigidas a desacreditar el sistema electoral, las instituciones democráticas y autoridades públicas, con el objetivo de generar inestabilidad y favorecer una ruptura del orden constitucional.

Las penas impuestas oscilan entre siete y 17 años de prisión, en su mayoría en régimen cerrado, además de multas económicas.

Asimismo, el tribunal ordenó comunicar al sistema de justicia militar para evaluar la eventual pérdida de rango de los oficiales involucrados, y remitió antecedentes para la continuidad de otras investigaciones vinculadas al caso.

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