La ofensiva, denominada Fuerza Integrada IV, fue ejecutada por las Fuerzas Integradas de Combate al Crimen Organizado, bajo coordinación de la Policía Federal (PF), y cuenta con 20 bases desplegadas en las unidades federativas involucradas.
Además de las órdenes de captura, los agentes cumplieron 173 mandatos de búsqueda y confiscación de pruebas.
Como decisiones judiciales se incluyeron medidas cautelares destinadas a bloquear y secuestrar bienes y valores vinculados a los investigados.
Según el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las pesquisas apuntan a presuntas estructuras dedicadas al tráfico de drogas y armas, lavado de dinero y otros delitos relacionados con organizaciones criminales.
En Tocantins, se produjo el mayor bloqueo patrimonial de la operación, con hasta 412,5 millones de reales (81 millones de dólares) controlados por la Segunda Sala Federal.
Según la PF, estas acciones buscan descapitalizar la estructura investigada y garantizar la eventual reparación de daños provocados por actividades ilícitas.
También se incautaron más de 250 kilogramos de cocaína y 60 kilogramos de hachís, de acuerdo con la información divulgada por las autoridades.
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