La acción criminal ocurrió la víspera a dos kilómetros del Regimiento de Infantería 22 Mejillones en la carretera principal Huachalla-Oruro, aseguró la dependencia de la cartera de Defensa.
Según testigos, el medio motorizado tenía chapa chilena y después de atropellar al militar emprendió la fuga con rumbo desconocido.
La división especial de Tránsito de la ciudad de Oruro inició las acciones investigativas.
El cadáver de Morales fue conducido a la morgue para el estudio forense correspondiente y se anunció su posterior traslado a Cochabamba, urbe de donde era oriundo el fallecido efectivo castrense.
La cartera de Defensa enfatizó en una nota institucional acerca de los riesgos a los que se exponen quienes combaten en la primera línea el contrabando, flagelo que afecta en un ocho por ciento del producto interno bruto a la economía nacional.
“Bolivia no es solo un país de paso, también recibe el impacto delincuencial que acarrea el contrabando y las bandas trasnacionales detrás de este”, sostuvo en entrevista concedida a Prensa Latina el especialista en crimen organizado y exfiscal chileno Carlos Gajardo.
Según el experto, el gran reto que tienen los países de América Latina y el Caribe es alcanzar el mismo nivel de integración y coordinación que tiene la delincuencia.
Añadió que los delitos cometidos en algunos casos se originan en un país, transitan por otro y sus efectos se concretan en un tercero.
“En ese tránsito no hay fronteras”, reiteró en diálogo con esta agencia de noticias.
Gajardo consideró necesario que la actividad antidelincuencial permita que el combate a estas ilícitas tampoco reconozca fronteras.
Indicó que eso exige que se flexibilicen las normas de competencia territorial y que se establezca mucha mayor colaboración entre todas las partes para ayudar a combatir en conjunto este fenómeno.
Precisó que eso indica, sobre todo, elaborar procedimientos en conjunto, transferir y compartir información en tiempo real, algo en lo que las organizaciones y los Estados son muy celosos todavía, lo cual dificulta el enfrentamiento a este tipo de ilícitas.
“Hoy existe una mayor cantidad de acuerdos, que reflejan las intenciones estatales de compartir y combatir de manera conjunta estos fenómenos, sin embargo, todo esto exige que en la práctica y en el día a día se concreten esas intenciones”, opinó.
Describió que se trata de un trabajo continuo, permanente de largo aliento que exige un mayor avance progresivo de las instituciones en esta mayor colaboración.
jha/jpm
