26 de noviembre de 2020, 2:34 
Por Armando Reyes Calderín
Beirut, 26 nov (Prensa Latina) La negativa de diputados cristianos en El Líbano a cambios en la ley electoral refleja hoy una vez más un rechazo a demandas populares y la defensa a ultranza de sus posiciones privilegiadas.
Por Armando Reyes CalderínBeirut, 26 nov (Prensa Latina) La negativa de diputados cristianos en El Líbano a cambios en la ley electoral refleja hoy una vez más un rechazo a demandas populares y la defensa a ultranza de sus posiciones privilegiadas.
En una reciente sesión parlamentaria, representantes de los partidos Fuerzas Libanesas y Corriente Patriótica Libre refutaron una solicitud de modificar el sistema de distribución confesional para cargos en el Congreso y el Gobierno.
A solicitud del presidente del Parlamento, Nabih Berri, las comisiones correspondientes debatieron proyectos para eliminar el vigente método de reparto equitativo entre cristianos y musulmanes.
La fórmula establecería un solo distrito electoral y sus votantes escogerían los candidatos de su gusto o preferencia sea cuál fuera su estatus confesional.
Si avanza esa idea, los partidos cristianos perderían gran parte del poder que les concede una Constitución de los años 40 del siglo pasado, elaborada sobre la base de un censo que data de la década del 30.
Esa carta magna impuso que los cristianos debían ocupar los cargos más relevantes, entre ellos la presidencia de la República, mientras que a musulmanes sunitas y chiitas les corresponderían los siguientes poderes, jefatura del Gobierno y Parlamento.
Empero, la composición social del país del Mediterráneo oriental resulta muy distinta en la actualidad, en tanto que más de dos tercios de sus habitantes profesan el islam.
Aunque en todo caso, la inmensa mayoría de la población libanesa estima contraproducente el vigente reparto confesional que a lo largo de las últimas tres décadas consolidó la malversación, el saqueo al erario y la corrupción.
Esos fueron los motivos por los cuales centenares de miles salieron a las calles el 17 de octubre de 2019 para demandar la expulsión de la elite política gobernante, a la cual achacan la peor crisis económica en la historia del país.
Pero como era de esperar, las deliberaciones en el Parlamento sobre la proposición de cambios en la ley electoral no hallaron consenso alguno y más bien transcurrieron en feroces discusiones.
Los debates se centraron en erradicar una legislación aprobada en 2017 basada en la representación proporcional religiosa que dividió al país en 15 distritos electorales y reemplazó la anterior de 'el ganador se lo lleva todo'.
Con esa ley, los cristianos garantizaron mayor influencia en el Parlamento de 128 escaños, aunque 64 son para los musulmanes.
El diputado por Fuerzas Libanesas, George Adwan, calificó la propuesta contraria a la comunidad cristiana, al alegar que la pretensión de cambios incluye una modificación del sistema político.
'Cualquier ley o propuesta electoral debe asegurar una representación verdadera y efectiva de todas las confesiones de fe del pais', apuntó.
Mientras, el parlamentario George Okais, también de Fuerzas Libanesas, pidió aplazar el proyecto legislativo a Berri hasta un momento en que El Líbano esté seguro.
Okais aludía a la situación del vacío político actual con la falta de un Gobierno en funciones desde el 10 de agosto y el deterioro profundo de la economía, agudizado por la pandemia de la Covid-19.
Según el diputado Alain Aoun, de la Corriente Patriótica Libre, lo propuesto equivale a un cambio en el sistema, y no una cuestión técnica o enmienda, porque toca la carta magna y la abolición del confesionalismo.
A su momento, los representantes del partido Movimiento Amal, cuyo jefe es el titular del Parlamento, Nabih Berri, alertaron sobre la intención de las facciones cristianas de derivar los debates hacia un enfrentamiento de sectas.
En tal contexto, se lee en un comunicado de ese grupo que el objetivo es un debate constructivo alejado de tensiones y discursos populistas y provocadores para llegar a la instalación de un estado civil moderno en El Líbano.
jf/arc
A solicitud del presidente del Parlamento, Nabih Berri, las comisiones correspondientes debatieron proyectos para eliminar el vigente método de reparto equitativo entre cristianos y musulmanes.
La fórmula establecería un solo distrito electoral y sus votantes escogerían los candidatos de su gusto o preferencia sea cuál fuera su estatus confesional.
Si avanza esa idea, los partidos cristianos perderían gran parte del poder que les concede una Constitución de los años 40 del siglo pasado, elaborada sobre la base de un censo que data de la década del 30.
Esa carta magna impuso que los cristianos debían ocupar los cargos más relevantes, entre ellos la presidencia de la República, mientras que a musulmanes sunitas y chiitas les corresponderían los siguientes poderes, jefatura del Gobierno y Parlamento.
Empero, la composición social del país del Mediterráneo oriental resulta muy distinta en la actualidad, en tanto que más de dos tercios de sus habitantes profesan el islam.
Aunque en todo caso, la inmensa mayoría de la población libanesa estima contraproducente el vigente reparto confesional que a lo largo de las últimas tres décadas consolidó la malversación, el saqueo al erario y la corrupción.
Esos fueron los motivos por los cuales centenares de miles salieron a las calles el 17 de octubre de 2019 para demandar la expulsión de la elite política gobernante, a la cual achacan la peor crisis económica en la historia del país.
Pero como era de esperar, las deliberaciones en el Parlamento sobre la proposición de cambios en la ley electoral no hallaron consenso alguno y más bien transcurrieron en feroces discusiones.
Los debates se centraron en erradicar una legislación aprobada en 2017 basada en la representación proporcional religiosa que dividió al país en 15 distritos electorales y reemplazó la anterior de 'el ganador se lo lleva todo'.
Con esa ley, los cristianos garantizaron mayor influencia en el Parlamento de 128 escaños, aunque 64 son para los musulmanes.
El diputado por Fuerzas Libanesas, George Adwan, calificó la propuesta contraria a la comunidad cristiana, al alegar que la pretensión de cambios incluye una modificación del sistema político.
'Cualquier ley o propuesta electoral debe asegurar una representación verdadera y efectiva de todas las confesiones de fe del pais', apuntó.
Mientras, el parlamentario George Okais, también de Fuerzas Libanesas, pidió aplazar el proyecto legislativo a Berri hasta un momento en que El Líbano esté seguro.
Okais aludía a la situación del vacío político actual con la falta de un Gobierno en funciones desde el 10 de agosto y el deterioro profundo de la economía, agudizado por la pandemia de la Covid-19.
Según el diputado Alain Aoun, de la Corriente Patriótica Libre, lo propuesto equivale a un cambio en el sistema, y no una cuestión técnica o enmienda, porque toca la carta magna y la abolición del confesionalismo.
A su momento, los representantes del partido Movimiento Amal, cuyo jefe es el titular del Parlamento, Nabih Berri, alertaron sobre la intención de las facciones cristianas de derivar los debates hacia un enfrentamiento de sectas.
En tal contexto, se lee en un comunicado de ese grupo que el objetivo es un debate constructivo alejado de tensiones y discursos populistas y provocadores para llegar a la instalación de un estado civil moderno en El Líbano.
jf/arc
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