Por Odalys Troya Flores *La Habana (Prensa Latina) Colombia tuvo un 2020 luctuoso por las pérdidas de vidas a causa de la pandemia de Covid-19 y la espiral ascendente de violencia, sobre todo contra líderes sociales y exguerrilleros, que puso en jaque el Acuerdo de Paz.
Desde marzo, cuando se detectaron los primeros casos de la enfermedad ocasionada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, a la fecha, casi un millón y medio de personas resultaron positivas y cerca de 40 mil fallecieron. Si bien el país muestra una gran cantidad de recuperados, al cierre del año los contagios cada día superan los siete mil y la capital, Bogotá, suma el mayor número de positivos.
Este escenario no libró a Colombia del crecimiento de la violencia; de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 84 masacres fueron perpetradas desde enero hasta la primera quincena de diciembre de 2020.
Precisa la entidad en su más reciente informe que más de 350 personas fueron masacradas y por departamentos, Antioquia registra la cifra mayor con 18 matanzas, le siguen Cauca con 13 y Nariño con nueve.
Puntualiza que septiembre fue el mes con más hechos violentos de este tipo, con 16 en total.
Estos actos que convulsionan al país y ponen en riesgo la paz alcanzada en 2016, afecta a 21 departamentos y a 59 municipios hasta el momento.
Indepaz puntualiza que desde la firma del Acuerdo de Paz, o acuerdo de La Habana -como también se le conoce a este pacto que puso fin al añejo conflicto armado, por ser esta capital la sede de los diálogos y negociaciones-, mil 90 líderes y defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Buena parte de ellos este año.
MOTIVOS DE SERIA PREOCUPACIÓN
En declaraciones a Prensa Latina, vía internet, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) aseguró que hay avances positivos como la desmovilización, dejación de armas, reintegración y conversión de las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
También, dijo el exgobernante, la creación del sistema de justicia transicional para juzgar a los actores armados que participaron en el conflicto, tanto de parte de las Fuerzas Armadas de Colombia como de la misma guerrilla.
'Sin embargo, existen motivos de seria preocupación como el desentendimiento político del gobierno actual respecto a la sostenibilidad de los propios acuerdos que se traduce en el abandono de sus programas más sensibles', acotó.
Entre ellos mencionó la reparación de las víctimas, la parálisis de los acuerdos sobre sustitución social de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de entrega, y restitución y titulación de tierras.
Para Samper, exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas, el mayor problema de los acuerdos de paz es que el gobierno del presidente Iván Duque ha sido muy esquivo en la apropiación de los recursos económicos necesarios para financiar programas fundamentales como el de la reparación de las víctimas, el cual apenas cumple el 10 por ciento de sus objetivos.
Recientes cifras de la Contraloría General de la Nación indican que los niveles de ejecución de los fondos necesarios para financiar el proceso de paz están por debajo del 50 por ciento, detalló.
Además de esta actitud pasiva, el gobierno y el partido que lo acompaña, presidido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se dedica a cuestionar públicamente la Jurisdicción para la Paz.
Este es el Tribunal que tiene a su cargo la aplicación del esquema de justicia restaurativa, que le permitirá a Colombia pasar del conflicto al posconflicto, recalcó.
'El apoyo internacional al proceso de paz es lo que hoy día lo mantiene en pie. Y dentro de ese apoyo, debe destacarse el papel cumplido por los dos países garantes, Cuba y Noruega, que aún remando en contravía del actual gobierno colombiano, han sabido interpretar el espíritu de los acuerdos y defenderlos con el eficaz concurso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus representantes en Colombia', expresó.
'Quienes hemos tenido responsabilidades de Estado en Colombia hemos sido testigos del interés permanente de Cuba, aun pagando altos costos internacionales, por acompañarnos en la búsqueda incesante de la paz que ha sido el sueño de medio siglo de todos los colombianos', manifestó agradecido. Samper añadió que la misión de quienes quieren la paz en Colombia 'es continuar con la ayuda de Cuba y los países que quieran acompañarlos, seguir luchando porque ese sueño se haga realidad más temprano que tarde. Es un proceso largo pero posible'.
REZAGOS EN IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO
Por su parte, el senador por la Alianza Verde Antonio Sanguino precisó que pese a las dificultades en su implementación, el Acuerdo ha permitido defender la vida.
A nivel nacional se produjo un desescalamiento de la violencia, la reducción de secuestros, las acciones guerrilleras contra la infraestructura del Estado, así como el desminado humanitario, la entrega armas y la reincorporación de decenas de miles de exguerrilleros a la vida civil.
Sin embargo, de los más de 700 que ya no están en los registros del Gobierno, unos 240 fueron asesinados, otros desaparecieron por muerte natural y del resto la Agencia de Reincorporación y Normalización no tiene rastro de paradero.
A pesar de las bondades del Acuerdo, es preocupante el rezago en su implementación. Por ejemplo, para la Procuraduría General de la Nación, en su segundo informe entregado al Congreso en marzo de 2020, solo se había cumplido con el 60 por ciento de los compromisos del Plan Marco de Implementación, que debía ejecutarse entre 2017 y 2019, explicó.
Uno de los rezagos más importantes, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos vinculó inicialmente a 99 mil 97 familias, pero el Gobierno nacional se limitó a atenderlas en 56 municipios y no ha supeditado una sola familia más, enfatizó Sanguino.
'Luego de cuatro años de firmado, el Acuerdo no marcha como debería, los ataques del Gobierno nacional estancan algunos puntos, desconocen otros e incluso proponen reformas unilaterales para hacerlo trizas', remarcó.
arb/otf
*Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina
Este escenario no libró a Colombia del crecimiento de la violencia; de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), un total de 84 masacres fueron perpetradas desde enero hasta la primera quincena de diciembre de 2020.
Precisa la entidad en su más reciente informe que más de 350 personas fueron masacradas y por departamentos, Antioquia registra la cifra mayor con 18 matanzas, le siguen Cauca con 13 y Nariño con nueve.
Puntualiza que septiembre fue el mes con más hechos violentos de este tipo, con 16 en total.
Estos actos que convulsionan al país y ponen en riesgo la paz alcanzada en 2016, afecta a 21 departamentos y a 59 municipios hasta el momento.
Indepaz puntualiza que desde la firma del Acuerdo de Paz, o acuerdo de La Habana -como también se le conoce a este pacto que puso fin al añejo conflicto armado, por ser esta capital la sede de los diálogos y negociaciones-, mil 90 líderes y defensores de los derechos humanos fueron asesinados. Buena parte de ellos este año.
MOTIVOS DE SERIA PREOCUPACIÓN
En declaraciones a Prensa Latina, vía internet, el expresidente Ernesto Samper (1994-1998) aseguró que hay avances positivos como la desmovilización, dejación de armas, reintegración y conversión de las otroras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo en el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
También, dijo el exgobernante, la creación del sistema de justicia transicional para juzgar a los actores armados que participaron en el conflicto, tanto de parte de las Fuerzas Armadas de Colombia como de la misma guerrilla.
'Sin embargo, existen motivos de seria preocupación como el desentendimiento político del gobierno actual respecto a la sostenibilidad de los propios acuerdos que se traduce en el abandono de sus programas más sensibles', acotó.
Entre ellos mencionó la reparación de las víctimas, la parálisis de los acuerdos sobre sustitución social de cultivos ilícitos y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de entrega, y restitución y titulación de tierras.
Para Samper, exsecretario de la Unión de Naciones Suramericanas, el mayor problema de los acuerdos de paz es que el gobierno del presidente Iván Duque ha sido muy esquivo en la apropiación de los recursos económicos necesarios para financiar programas fundamentales como el de la reparación de las víctimas, el cual apenas cumple el 10 por ciento de sus objetivos.
Recientes cifras de la Contraloría General de la Nación indican que los niveles de ejecución de los fondos necesarios para financiar el proceso de paz están por debajo del 50 por ciento, detalló.
Además de esta actitud pasiva, el gobierno y el partido que lo acompaña, presidido por el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), se dedica a cuestionar públicamente la Jurisdicción para la Paz.
Este es el Tribunal que tiene a su cargo la aplicación del esquema de justicia restaurativa, que le permitirá a Colombia pasar del conflicto al posconflicto, recalcó.
'El apoyo internacional al proceso de paz es lo que hoy día lo mantiene en pie. Y dentro de ese apoyo, debe destacarse el papel cumplido por los dos países garantes, Cuba y Noruega, que aún remando en contravía del actual gobierno colombiano, han sabido interpretar el espíritu de los acuerdos y defenderlos con el eficaz concurso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y sus representantes en Colombia', expresó.
'Quienes hemos tenido responsabilidades de Estado en Colombia hemos sido testigos del interés permanente de Cuba, aun pagando altos costos internacionales, por acompañarnos en la búsqueda incesante de la paz que ha sido el sueño de medio siglo de todos los colombianos', manifestó agradecido. Samper añadió que la misión de quienes quieren la paz en Colombia 'es continuar con la ayuda de Cuba y los países que quieran acompañarlos, seguir luchando porque ese sueño se haga realidad más temprano que tarde. Es un proceso largo pero posible'.
REZAGOS EN IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDO
Por su parte, el senador por la Alianza Verde Antonio Sanguino precisó que pese a las dificultades en su implementación, el Acuerdo ha permitido defender la vida.
A nivel nacional se produjo un desescalamiento de la violencia, la reducción de secuestros, las acciones guerrilleras contra la infraestructura del Estado, así como el desminado humanitario, la entrega armas y la reincorporación de decenas de miles de exguerrilleros a la vida civil.
Sin embargo, de los más de 700 que ya no están en los registros del Gobierno, unos 240 fueron asesinados, otros desaparecieron por muerte natural y del resto la Agencia de Reincorporación y Normalización no tiene rastro de paradero.
A pesar de las bondades del Acuerdo, es preocupante el rezago en su implementación. Por ejemplo, para la Procuraduría General de la Nación, en su segundo informe entregado al Congreso en marzo de 2020, solo se había cumplido con el 60 por ciento de los compromisos del Plan Marco de Implementación, que debía ejecutarse entre 2017 y 2019, explicó.
Uno de los rezagos más importantes, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos vinculó inicialmente a 99 mil 97 familias, pero el Gobierno nacional se limitó a atenderlas en 56 municipios y no ha supeditado una sola familia más, enfatizó Sanguino.
'Luego de cuatro años de firmado, el Acuerdo no marcha como debería, los ataques del Gobierno nacional estancan algunos puntos, desconocen otros e incluso proponen reformas unilaterales para hacerlo trizas', remarcó.
arb/otf
*Periodista de la Redacción Suramérica de Prensa Latina
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